Las políticas públicas que el gobierno
Rajoy en España y el gobierno Mas en Catalunya están llevando a cabo
están afectando muy negativamente al bienestar de la mayoría de la
población española, incluyendo la catalana. Sus enormes recortes de
gasto y empleo público están deteriorando los servicios públicos del
Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios sociales,
escuelas de infancia (mal llamadas guarderías en España), servicios
domiciliarios a las personas con dependencia y servicios de prevención
de la exclusión social, entre otros, que configuran la calidad de vida
de toda la población, y muy en especial de las clases populares (la
clase trabajadora y las clases medias de rentas medianas y bajas), que
son las que utilizan predominantemente tales servicios.
Tales gobiernos han
reducido también las transferencias públicas tales como las pensiones,
de manera tal que los beneficiarios de estas transferencias han visto
reducir su capacidad adquisitiva de una manera muy notable. Las
pensiones de vejez, que son responsables de que el 64% de los ancianos
en España, incluyendo Catalunya, no sean pobres, han perdido poder
adquisitivo, resultado de crecer por debajo de la inflación. Como
consecuencia, y en contra de lo que se está publicando en los medios de
mayor difusión, la pobreza entre los ancianos está aumentando, una
situación que no pasaba en España desde hace años. Tal incremento ha
sido incluso más acentuado incluso entre los jóvenes e infantes,
resultado, en parte, de las reducciones de las ayudas a las familias
(ver la colección dirigida por Vicenç Navarro y Mónica Clua, El impacto
de la crisis en las familias y en la infancia, Observatorio Social de
España, publicado recientemente por Ciencias Sociales Ariel 2012).
Tales gobiernos han
aprobado también reformas laborales que se presentaban como la solución
para el elevado desempleo, que han tenido un impacto contrario al que en
teoría se deseaba, reducirlo. El desempleo ha continuado creciendo,
alcanzando el 25% de la fuerza laboral, siendo el número de desempleados
de 5.778.000, una cifra nunca alcanzada antes. Esta elevada cifra ha
atemorizado a toda la población, creando un enorme sentido de
inseguridad, responsable del gran descenso de los salarios en España (lo
cual, en realidad, era el objetivo real, nunca explicitado, de tales
reformas).
Tal reducción de los
salarios junto con los recortes tan notables del gasto público y la
destrucción de empleo (tanto público como privado) han creado un enorme
bajón en la demanda de productos y servicios, responsable, en parte, del
descenso tan marcado del crecimiento económico, realidad incluso
reconocida recientemente en un informe del gabinete de estudios del
Fondo Monetario Internacional. Tales políticas están contribuyendo a la
recesión que la economía española, incluyendo la catalana, está
sufriendo. De hecho, y tal como algunos de nosotros hemos estado
alertando desde el inicio de la crisis, tales políticas no sólo han sido
ineficaces en el intento de facilitar la salida de nuestro país de la
crisis, sino que han sido contraproducentes, como los hechos se han
encargado de mostrar.
Las
políticas que se están aplicando están afectando negativamente el
bienestar de la población y empeorando la situación económica
En realidad era muy fácil predecir las
consecuencias tan negativas de tales políticas, pues iban en dirección
contraria a las que los gobiernos Rajoy y Mas deberían haber llevado a
cabo, es decir, políticas expansivas de gasto público, orientadas hacia
la creación de empleo, y políticas favorecedoras del aumento de la
capacidad adquisitiva de la población, tales como la subida de salarios.
Son estas medidas las que podrían sacar a España de la recesión, la
cual está profundizándose, yendo hacia la depresión. Fue mediante tal
tipo de políticas que la administración del presidente Roosevelt terminó
con la Gran Depresión (existente en EEUU al principios del siglo XX),
expandiendo –a través del New Deal- el gasto y empleo público, y
facilitando la sindicalización a fin de facilitar el crecimiento
salarial. Un tanto semejante ocurrió en Europa después de la II Guerra
Mundial, cuando las economías europeas estaban en recesión. Ésta dejó de
existir a base de un enorme aumento del gasto público, facilitado por
el plan Marshall. Y hoy, cuando la economía española se está
deteriorando, el gobierno Rajoy y el gobierno Mas están recortando el
único sector –el sector público- que podría estimular la economía, pues
el sector privado esta paralizado debido a su enorme endeudamiento
(endeudamiento, por cierto, causado en gran parte por la disminución de
la capacidad adquisitiva de la población, resultado de la reducción de
los salarios y aumento del desempleo). Tales intervenciones son
profundamente erróneas, y se están desarrollando porque permiten
alcanzar los objetivos que las fuerzas conservadoras y neoliberales (que
tales partidos gobernantes representan) han deseado siempre, a saber,
el debilitamiento y privatización del Estado del Bienestar y la
reducción de los salarios, debilitando a los sindicatos. Y lo están
consiguiendo a base de haber transmitido, a través de los medios de
información y persuasión públicos y privados que las fuerzas
conservadoras y neoliberales controlan, y que son la gran mayoría, el
mensaje de que no hay alternativas a las políticas altamente impopulares
que están desarrollando.
No es cierto que no haya alternativas
Pero es fácil de demostrar que sí que
hay alternativas. Por cada recorte de gasto público que tales gobiernos
están realizando a fin de conseguir mayores ingresos al Estado, se
pueden mostrar otras medidas que podrían haber incrementado tales
ingresos al Estado en cantidades similares o incluso superiores a las
que han conseguido a base de recortes. Por ejemplo, en lugar del recorte
de 6.000 millones de euros en sanidad pública llevados a cabo por los
gobiernos Rajoy y Mas, se podrían haber conseguido 5.600 millones
revertiendo la bajada del impuesto de sociedades (que tanto el PP como
CiU aprobaron) de las empresas que facturan más de 150 millones de euros
al año (y que representan un 0,12% de todas las empresas españolas). O
en lugar de reducir las pensiones para conseguir 1.200 millones, se
podrían haber conseguido 2.100 millones manteniendo el impuesto sobre el
patrimonio, o 2.552 millones eliminando la bajada de impuestos de
sucesiones. O en lugar de recortar 600 millones de euros para los
servicios de dependencia, se podría reducir el subsidio a la Iglesia
católica (aprobado por el PP y CiU) para enseñar clases de religión en
las escuelas públicas. Y así, un largo etcétera.
En realidad, el Estado
español, tanto central como autonómico, podría conseguir fácilmente más
de 120.000 millones de euros, no sólo corrigiendo el fraude fiscal (que
está altamente concentrado en las grandes fortunas, en las grandes
empresas y en la banca) obteniendo 66.000 millones de euros, sino
también corrigiendo la enorme regresividad en las políticas fiscales. No
es por casualidad que los países de la Eurozona que están atravesando
mayores dificultades, con déficits públicos mayores (Grecia, Portugal,
España e Irlanda) hayan tenido todos ellos dictaduras o sistemas
profundamente conservadores que determinaron Estados pobres, con escasa
conciencia social (que explica el escaso desarrollo de sus Estados del
Bienestar) y poco redistributivos (ver mi artículo “El mantenimiento o
desmantelamiento del Estado del Bienestar” en www.vnavarro.org). Éstas
son las causas de sus crisis, puesto que la gran influencia que las
fuerzas conservadoras han continuado teniendo sobre sus Estados no han
permitido cambiar sustancialmente tal situación. España y Catalunya, 34
años después de reinstaurar la democracia, continúan estando a la cola
de la Europa Social (su gasto público social por habitante es de los más
bajos de la UE-15). De ahí la urgencia de que haya una respuesta
conjunta en todos estos países frente al ataque frontal al bienestar de
su ciudadanía.
Las medidas antidemocráticas que se están imponiendo
Tales políticas de austeridad están
siendo apoyadas por las fuerzas conservadoras y neoliberales que dominan
el sistema de gobierno de la UE, y que están construyendo esta Europa y
esta España (incluyendo Catalunya), a espaldas de los distintos pueblos
y naciones que la constituyen. Las políticas públicas que tanto el
gobierno Rajoy como el gobierno Mas están llevando a cabo son medidas
que no tienen ningún mandato popular. Es, por lo tanto, un ataque a la
democracia española que merece una respuesta contundente. Se están
implementando medidas que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía,
sin que la mayoría de la población (incluso aquella que les votó)
hubieran aprobado tales políticas, ya que ninguna de ellas estaba en su
programa electoral. Mientras, las ayudas del Estado a la banca, que fue
la que originó la crisis con sus comportamientos especulativos, han
alcanzado una cifra enorme, equivalente casi al 10% del PIB, sin que
ninguna ayuda se haya proveído a las clases populares, que han sido
víctimas de tales comportamientos. Hoy en España, incluyendo Catalunya,
el ciudadano que no está indignado es porque no conoce lo que está
pasando en su país. Nunca antes se había hecho tanto para tan pocos a
costa de la gran mayoría de la población.
Dos últimas
observaciones. Hay un enfado generalizado en España y en Catalunya,
resultado de las políticas que se están realizando, sin que exista
ningún mandato electoral para ello. Y existe también un agotamiento que
está conduciendo a una rendición, expandiéndose la percepción de que las
movilizaciones y la agitación social no sirven para nada. Eso no es
cierto. La constante manipulación de nuestra historia ha hecho que se
haya olvidado que, mientras el dictador Franco murió en la cama, la
dictadura murió en la calle. De 1974 a 1978, España fue el país que
proporcionalmente tuvo mayor número de huelgas y manifestaciones
populares que haya habido en Europa en la segunda mitad del siglo XX.
Tal agitación social fue lo que determinó la Transición de la dictadura a
la democracia. Ahora bien, consecuencia del enorme dominio que las
fuerzas conservadoras todavía mantenían sobre el aparato del Estado, tal
democracia tiene enormes limitaciones. De ahí que alcanzar una segunda
Transición ahora, pasando de tal democracia limitada a una democracia
real, en la que la ciudadanía sea la que configure las políticas
públicas del Estado, requerirá también una enorme agitación.
La otra observación es
que hace unas semanas, en Barcelona, un millón y medio de personas
salieron a la calle, manifestación que ha tenido un enorme impacto a lo
largo del territorio español. Ello es un ejemplo que cuando la gente
sale a la calle en protesta pueden tener un gran impacto. No hay duda de
que una huelga general con la participación de millones de españoles
que coincida con movilizaciones y huelgas generales en otros países de
la Eurozona, mostrando un gran hartazgo y protesta contra las políticas
públicas llevadas a cabo por los establishments español y catalán, así
como por el establishment europeo (que las ha apoyado), tendrá un gran
efecto, que no puede ignorarse, pues derrumba todo el argumentarlo que
utilizan tales establishments, cuando se presentan como los portavoces
del deseo popular. Y en España, tales movilizaciones exigiendo que se
reviertan tales políticas que carecen del apoyo popular, son
continuadoras de las movilizaciones anteriores que ocurrieron tanto
durante la dictadura (que forzaron su fin), como después, durante el
periodo democrático (que determinaron una expansión de los derechos
civiles, laborales y sociales) y que hoy deben continuarse cuando no
sólo tales derechos, sino la propia existencia de la democracia (ya en
sí, excesivamente limitada en nuestro país) se está violando. En
realidad, la reducción de aquellos derechos es consecuencia directa de
la eliminación de la democracia, mediante la aplicación de medidas
carentes de mandato popular.
Suela de caucho natural procedente del árbol Hevea.
El sindicalismo europeo
