COMUNICADO DE LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES.
Hecho público el fallo de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el día de ayer por el que se condena al Magistrado Baltasar Garzón por delito de prevaricación, queremos manifestar que, sin perjuicio del respeto que la institución del Tribunal Supremo nos merece, discrepamos con el contenido de dicha resolución al considerar acertada la postura sostenida por el Ministerio Público a lo largo de todo el procedimiento.
La condena nos resulta absolutamente desproporcionada al considerar que los errores que pudieran cometerse en el seno de la investigación de los procedimientos penales, pueden y deben ser revisados por vías distintas a la del derecho penal, máxime cuando es evidente que existen diversas opiniones que son jurídicamente defendibles en derecho, como hemos visto, oído y leído en relación al objeto de este procedimiento.
Queremos, desde aquí, interesar que se regule legalmente de forma clara, precisa y detallada los medios de investigación para combatir la criminalidad, por entender que la seguridad de cuántos servidores públicos trabajan para perseguir estos hechos delictivos no puede depender únicamente de criterios jurisprudenciales.
Asimismo, queremos poner de relieve las nefastas consecuencias que para la persecución de los delitos de corrupción tiene el hecho de que el juez instructor que persigue el delito sea el único condenado, lo que no hace sino aumentar la inseguridad jurídica de estos servidores públicos.
Insistimos en que el único camino posible en un estado de derecho es el que hace que todas las decisiones judiciales sean medidas por igual, sin que el nombre de la persona o personas investigadas, perturben el principio de igualdad.
Palma de Mallorca, a 10 de febrero de 2.012.
Hecho público el fallo de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el día de ayer por el que se condena al Magistrado Baltasar Garzón por delito de prevaricación, queremos manifestar que, sin perjuicio del respeto que la institución del Tribunal Supremo nos merece, discrepamos con el contenido de dicha resolución al considerar acertada la postura sostenida por el Ministerio Público a lo largo de todo el procedimiento.
La condena nos resulta absolutamente desproporcionada al considerar que los errores que pudieran cometerse en el seno de la investigación de los procedimientos penales, pueden y deben ser revisados por vías distintas a la del derecho penal, máxime cuando es evidente que existen diversas opiniones que son jurídicamente defendibles en derecho, como hemos visto, oído y leído en relación al objeto de este procedimiento.
Queremos, desde aquí, interesar que se regule legalmente de forma clara, precisa y detallada los medios de investigación para combatir la criminalidad, por entender que la seguridad de cuántos servidores públicos trabajan para perseguir estos hechos delictivos no puede depender únicamente de criterios jurisprudenciales.
Asimismo, queremos poner de relieve las nefastas consecuencias que para la persecución de los delitos de corrupción tiene el hecho de que el juez instructor que persigue el delito sea el único condenado, lo que no hace sino aumentar la inseguridad jurídica de estos servidores públicos.
Insistimos en que el único camino posible en un estado de derecho es el que hace que todas las decisiones judiciales sean medidas por igual, sin que el nombre de la persona o personas investigadas, perturben el principio de igualdad.
Palma de Mallorca, a 10 de febrero de 2.012.
De: Abel Martin Machado
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