La impunidad de Dívar...

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El presidente del Supremo, Carlos Dívar, con el fiscal del Estado, Eduardo Torres-Dulce (derecha). Foto: Luis Sevillano

Carlos Jiménez Villarejo
ex Fiscal Anticorrupción

22-5-2012 (10:50)
Finalmente, el Fiscal General del Estado (FGE), a través de un  cargo interpuesto, ha acordado que el Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, no ha cometido delito alguno y, por tanto, no ha malversado fondos públicos. Habrá pensado que, total para 20 viajes y 12.996 euros, no es para tanto. El primer dato sorprendente y reprobable es que no ha practicado ninguna investigación. Reconoce, con cierta desfachatez, que lo acordado “no dejará de generar alguna  duda”. Pues sí, muchas dudas, todas. Porque  se ha limitado a requerir cierta documentación  a diversos cargos del organismo que preside, el Jefe de Gabinete, el Secretario del Consejo y la  Interventora Delegada, todos dependientes, en mayor o menor grado, de Dívar , lo que priva a la investigación de toda credibilidad. Ya sorprende que una institución, el CGPJ,  que dirige a quienes, como los jueces, tienen la función de investigar delitos, funcione con una falta de rigor y transparencia interna tan grave. Y con una financiación tan oscura, pues en el Acuerdo del FGE se hace referencia a pagos a  Dívar por “entidades patrocinadoras” que no se precisan. ¿Cuales eran y qué relación tienen con Dívar o con otros cargos judiciales?. Y en cuanto a los gastos derivados de “atenciones protocolarias” “no se exige la identificación de las personas objeto de las mismas”. Como tampoco es necesario acreditar por el Presidente “el motivo concreto de la actividad que provoca el desplazamiento” aunque genere gastos públicos que soportan los contribuyentes.

La pregunta es inevitable. ¿Porqué no se ha practicado una investigación?. ¿Por qué no se ha llamado a declarar como imputado, sí, como imputado, al Sr. Dívar para que justifique y dé las explicaciones oportunas sobre todos y cada uno de los viajes, la actividad oficial desarrollada en los hoteles y restaurantes de lujo, sus acompañantes y las personas beneficiadas por las atenciones protocolarias?. ¿Porqué no han sido requeridos los hoteles y restaurantes para que aporten las facturas de los servicios prestados a Dívar? ¿Porqué no han sido requeridas Renfe y las compañías aéreas para que justifiquen los desplazamientos de Dívar y su séquito?. Como, igualmente, era y es indispensable la acreditación de las “entidades patrocinadoras” que han financiado sus viajes y el desembolso efectuado a favor del Presidente.

Prácticamente, está todo por investigar y la falta de experiencia investigadora del Fiscal General no puede justificarlo. Está en juego la honradez del Presidente de una Institución fundamental del Estado y, consecuentemente, de la propia Institución. Porque, el Sr. Dívar y los Consejeros deben saber que con el Decreto del FGE no han concluido las dudas y las preguntas y, en definitiva, la interpelación pública, sobre todo en un momento tan delicado para la economía de millones de españoles, sobre cómo ha dispuesto de los fondos públicos quien tiene la estricta obligación de ser mas transparente y honrado que nadie. Porque, no en vano, representa a toda la magistratura de este país.