Varias informaciones lanzaron sospechas sobre la candidata de IU a
la Comunidad de Madrid en la última semana de la campaña de las
primarias, en la que se acabó imponiendo
Las principales versaban
sobre los contratos firmados por el Ayuntamiento de Rivas con una
cooperativa participada por el hermano de Sánchez, que fue concejala de
Cultura entre 2007 y 2011
La sociedad recibió de la Concejalía de
Infancia y Juventud adjudicaciones por valor de 1,2 millones entre 2002 y
2008, el 13% del dinero que se gastó en el mismo periodo
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Durante la última semana de las primarias de Izquierda
Unidad de Madrid, la candidata que finalmente se alzó con la victoria,
Tania Sánchez, fue objeto de varias informaciones que apuntaban a actos
supuestamente irregulares en su etapa como concejala del Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid. Las acusaciones apuntaban a diversos tratos de favor
del Consistorio hacia la familia Sánchez, en especial hacia su hermano.
Este es un resumen de las denuncias publicadas y de las explicaciones
ofrecidas tanto por el Consistorio como por los afectados.
Los contratos
El segundo frente contra Tania Sánchez se refiere a nueve contratos
firmados entre el Ayuntamiento de Rivas y una cooperativa en la que
participaba su hermano, Héctor Sánchez. Estas adjudicaciones serán
revisadas en una comisión de investigación que aprobó el Consistorio
ripense por unanimidad este mismo jueves a propuesta de IU, que cuenta con la mayoría absoluta. Estará presidida por la oposición y se retransmitirá por Internet.
El propio Ayuntamiento ha puesto a disposición de los medios de comunicación toda la información pública relativa a la tramitación de estos documentos. De su análisis se desprenden varias conclusiones:
De los nueve contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Rivas a la
cooperativa Aúpa, solo uno se produjo cuando Tania Sánchez era
concejala. La diputada regional entró en el Gobierno local tras las
elecciones de mayo de 2007 en el área de Cultura. El contrato fue
promovido por la Concejalía de Juventud e Infancia, que en aquel momento
ocupaba el actual alcalde, Pedro del Cura. El proceso de este contrato,
el 123/08, fue ordinario y abierto.
El contrato fue
adjudicado finalmente en octubre de 2008 por un total de 136.851 euros,
IVA incluido. En los pliegos del concurso se señalaba que, de ellos, un
mínimo de 113.212 euros debían ir destinados a pagar sueldos. En caso de
prórroga del contrato, esta cantidad debería verse incrementada en el
mismo porcentaje en que lo hiciera el total.
La Mesa
de Contratación que celebró el acto de apertura de las plicas, donde las
empresas presentan las ofertas, estaba presidida por el entonces
concejal del PSOE Guillermo Magadán como concejal delegado de Hacienda,
según el acta. IU gobernaba entonces sin mayoría absoluta.
Componentes de la mesa
El
trámite se realizó el 8 de octubre de 2008 y solo la cooperativa Aúpa se
presentó al concurso. La Mesa de Contratación aseguró entonces: “Se
califica la documentación positivamente, admitiéndose todas las
proposiciones”, sin que figure ninguna incidencia.
Licitadores
IU gobierna Rivas desde 1991 pero solo en la actual legislatura lo ha hecho con mayoría absoluta; hasta entonces, siempre lo ha hecho con el apoyo de otros partidos.
La adjudicación a Aúpa, el 15 de octubre, fue aprobada por otra Mesa de
Contratación presidida por el concejal de IU Marcos Sanz.
El 21 de octubre, la Junta de Gobierno de Rivas ratificó "por
unanimidad" la adjudicación del contrato a Aúpa, tal y como consta en el
certificado que ha aportado el Ayuntamiento. El acuerdo lo firmó el
entonces alcalde, José Masa. En esa reunión, de acuerdo con documentos
publicados por Abc, estaba presente Tania Sánchez, si bien la diputada
regional de IU afirmó en una entrevista en Carne Cruda: "No tengo recuerdo de haber estado en el momento de esa aprobación".
El Ayuntamiento de Rivas ha presentado un informe jurídico solicitado ex profeso
a la Secretaría Técnica municipal y que firman la secretaria del
Consistorio, el jefe de Contratación y el jefe de Asesoría Jurídica,
para el caso de que no se hubiera abstenido de participar en la
deliberación. Ocupa 19 páginas.
En él, recurriendo a legislación vigente en aquella época y en la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, se asegura: "Si la intervención del
interesado no fuera decisiva, por ser el resto de votos favorables
suficientes para la adopción del acuerdo, el acto se considera válido". Y
añade: "El Supremo salva la anulación del acto cuando el interés
personal no ha sido incompatible con la defensa del intereses (sic) del
municipio y que el acuerdo aun siendo definitivo en vía administrativa,
venía ya marcado en la parte material y sustantiva por lo acordado por
otro órgano interviniente con anterioridad". Y concluye: "El acuerdo
mantiene su eficacia si, al tomarse por unanimidad, la eliminación de
quien debió abstenerse no hubiera alterado el resultado de la votación".
Este contrato, el 123/08, fue el último que recibió la cooperativa Aúpa del Ayuntamiento de Rivas.
Antes, la sociedad fue adjudicataria de otros ocho contratos. En total,
la cooperativa de Héctor Sánchez recibió adjudicaciones por valor de
1,2 millones de euros entre 2002 y 2008, lo que representa un 13,3% de
los 9,02 millones que gastó la Concejalía de Juventud e Infancia en
contratos en el mismo periodo, según los datos aportados por el
Ayuntamiento. En esos años, fue adjudicataria de nueve contratos, pero
su oferta fue rechazada en otras 19 ocasiones, siempre según el
Consistorio.
En la documentación que ha puesto el
Consistorio a disposición de los medios se comprueba que el mecanismo
que se siguió para adjudicar el contrato de 2008 es muy similar a los
anteriores. En varias de las mesas de contratación figuran, bien en el
momento de la apertura de la plica o de la adjudicación definitiva,
miembros del PP o del PSOE, así como funcionarios del Ayuntamiento. En
ninguno de los documentos a los que ha tenido acceso eldiario.es a
través del Ayuntamiento, aparece incidencia alguna sobre los asistentes.
En varias de las actas de la Mesa de Contratación también figura como
asistente Raúl Sánchez, concejal del Consistorio durante varias épocas y
en distintas áreas y padre de Héctor Sánchez y de Tania Sánchez. No
obstante, Raúl Sánchez no figura como asistente en ninguna de las Mesas
de Contratación que aprobaban las adjudicaciones, sino en las que se
abrían las plicas, es decir, las ofertas de las distintas empresas.
Los funcionarios
Las informaciones sobre los contratos supuestamente irregulares en
Rivas comenzaron con dos que, en realidad, afectan más a algunos de los
funcionarios que los tramitaron que a los miembros del equipo de
Gobierno.
El primero de los casos, publicado por Vozpopuli,
desvela una irregularidad en la prórroga de los contratos que, desde
finales de los años 90, el Ayuntamiento de Rivas suscribió con una
empresa para las clases de tenis municipales. Uno de los funcionarios
que estampó su firma en uno de los trámites de concesión de la prórroga
del contrato había sido socio de la empresa adjudicataria.
Tras lograr la plaza en el Ayuntamiento, en 2005, el funcionario vendió
su participación pero continuó figurando como apoderado de la empresa
hasta noviembre de 2008. Según el Ayuntamiento, se trata de un error de
la sociedad, que no informó al registro de la salida del exsocio del
accionariado de la empresa.
En 2008 se prorrogó dicho
contrato, con Tania Sánchez como concejala y responsable del área de la
que dependía la adjudicación. En una entrevista con eldiario.es, la
diputada defendió que ella no intervino en el proceso en ningún momento y
que el funcionario en cuestión lo hizo de forma accidental.
El segundo caso es similar. Un funcionario participó en la tramitación
de un contrato con un club de baloncesto con el que tenía relación.
Según Vozpopuli,
Tania Sánchez "dio su visto bueno en septiembre de 2009, como
responsable del área, a la contratación de un servicio anual de
monitores de basket por un importe que rondó los 12.000 euros". La
adjudicación, a la que la diputada dio el visto bueno, venía avalada por
un técnico municipal que en aquel momento era gerente del club de
baloncesto que logró el contrato, según la información.
El Ayuntamiento anunció el jueves la apertura de sendos expedientes
informativos a los funcionarios municipales para, según explicó el
propio alcalde, determinar qué ocurrió. "Si hay alguna mala praxis se le
tiene que abrir la correspondiente sanción, pero si no la hay, que esos
funcionarios puedan defenderse", aseguró Del Cura.
Los pisos
Tania Sánchez y su familia han sido señalados por varios medios de
comunicación por vivir en pisos con distintos grados de protección. "Tania Sánchez recibió un piso de protección que vendió al portavoz de IU en Rivas", señalaba La Razón el pasado 25 de noviembre.
La diputada regional no "recibió" un piso de protección en Rivas. Junto
a otras personas, creó una cooperativa a través de la cual accedió a
suelo protegido y promocionó viviendas, según explicó en una entrevista en eldiario.es. Es decir, no fue el Ayuntamiento quien promocionó, construyó o financió los pisos, sino que fue por iniciativa privada.
En cuanto a la protección, en Madrid existen dos modelos, la Viviendas con Protección Pública Básica ( VPPB) y la Viviendas con Protección Pública Libre ( VPPL),
el aplicado a la vivienda de Sánchez. La diferencia entre ambas radica
en el tamaño (un máximo de 110 o de 150 metros cuadrados) y el nivel
máximo de renta que los compradores pueden tener (5,5 o 7,5 veces el IPREM).
Este sistema de protección ha sido ampliamente utilizado en el
desarrollo urbanístico de la Comunidad de Madrid. La calificación la
otorga el Gobierno regional.
La diputada entró a
vivir en la casa en 2003 y pagó por ella 99.000 euros, según La Razón.
En 2010 vendió el inmueble al actual portavoz municipal del Ayuntamiento
de Rivas por 150.000. Como el precio de un piso con protección está
tasado durante 20 años, según la legislación madrileña,
para venderlo la hoy diputada regional tuvo que avisar por escrito a la
Comunidad de Madrid y dar un tiempo a que la Administración pudiera
ejercer el derecho de retracto. Pasado el periodo, Sánchez procedió a la
venta por el precio tasado.
La Razón
también publicó que el padre de Tania Sánchez, Raúl Sánchez, era
propietario de un piso de protección en el barrio de Vicálvaro de
Madrid. La información era falsa. Días después tuvo que rectificar
porque era de otra persona con el mismo nombre.
Por último, Abc
aseguró en otra información que el hermano de Tania Sánchez, Héctor
Sánchez, fue adjudicatario de un piso protegido en Rivas, esta vez sí
promocionado por la Empresa Municipal de la Vivienda. La noticia asegura
que la adjudicación se produjo en abril de 2007, cuando Tania Sánchez
era concejala municipal, pero las elecciones que le permitieron entrar
al Gobierno local se produjeron en mayo de ese mismo año.
Según datos oficiales, en Rivas el 50% del parque de viviendas tiene
algún nivel de protección. Y el 20% de los jóvenes de la localidad vive
en casas de la EMV.
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