La creación de un Banco Ciudadano de Depósitos para separar los ahorros de la gente de la banca de inversiones y la puesta en marcha de una tasa sobre el llamado casino financiero son dos medidas para prevenir la repetición de la crisis que España está en situación de tomar.
Así lo sostiene Antonio Quero, especialista de instrumentos financieros de la Comisión Europea en el ensayo 'La reforma progresista del sistema financiero' (Los Libros de la Catarata), que se presenta el próximo 19 de noviembre en La Casa del Libro de Madrid (calle Fuencarral 119, 19:00 horas).
La última crisis financiera de gravedad comparable a la actual desembocó en la Gran Depresión y de ella hemos aprendido la lección tan solo a medias. La primera lección fue la necesidad de una respuesta fiscal y monetaria expansiva que compense el desplome del consumo y la inversión privados. Esta ha sido la reacción inicial en 2008 y 2009, consiguiendo que esta vez la crisis “solo” desembocara en una Gran Recesión, como se ha dado en llamarla. La segunda lección de los años treinta, emprender reformas regulatorias tan radicales como haga falta para evitar que la crisis se vuelva a producir, ha sido desgraciadamente ignorada, dejando el terreno abonado a una nueva crisis financiera global.
La crisis de 1929 evidenció que el problema era el sistema y este fue refundado, para bien de nuestras sociedades durante casi cuatro décadas, tiempo que se tardó en volver a las andadas. No ha sido el caso tras la crisis de 2008, comparable a aquella, a pesar de que se sucedieron los avisos: lunes negro de 1987, debacle de los Savings and Loans de 1988-1990, crisis “tequila” mexicana de 1994, colapso de la Barings Bank en 1995, crisis asiática de 1997, crisis rusa de 1998 y del fondo especulativo neoyorquino LTCM el mismo año, burbuja tecnológica de 1999-2000 y escándalo financiero de Enron en 2001, desembocando en la crisis de las subprime en 2007 y la crisis financiera global de 2008.
Sin embargo, la principal razón para acometer una reforma en profundidad del sistema financiero no debe ser únicamente la elevada probabilidad de que se produzca una nueva crisis financiera global, un futurible cuya fecha es impredecible, sino, sobre todo, el daño económico y social que, de manera casi imperceptible, se produce cada día que pasa sin que se haya reformado el sistema.
En efecto, el conjunto de los mecanismos de creación de la riqueza pública y privada están al servicio del sistema financiero. En el primer caso, el sistema financiero absorbe la riqueza pública tanto por la vía de acaparar gran parte de la deuda pública para cubrir sus desmadres, en vez de destinarla al crecimiento futuro, como recibiendo inyecciones masivas de liquidez de los bancos centrales a modo de transfusión sanguínea para mantener el paciente en vida (recordemos que la creación monetaria es un bien público). Se suponía que ayudar al sistema financiero era ayudar al conjunto de la economía, pero no ha sido así, antes al contrario. En el segundo caso, la creación de riqueza privada se pliega a la voluntad del sistema financiero a través de la maximización de la rentabilidad financiera a corto plazo.
Todo el afán de producción de riqueza está encaminado a alimentar un sector insaciable. En 1981, en Estados Unidos el sueldo medio en el sector financiero era equivalente al de los demás sectores; en 2008 era un 60% superior. En España, durante el ciclo expansivo 1994-2007, el salario real medio aumentó un 1,9%, frente a un incremento del 70% del PIB y del 544% del capital accionarial. A la dominación del sistema financiero sobre el resto de la economía y a su indiferencia frente al aumento de las desigualdades se suma su influencia política para que el paradigma productivo y financiero actual, tan favorable a sus intereses, no se altere.
A pesar de todo, la ciudadanía sigue reclamando una reforma en profundidad del sistema financiero y, para la mayoría de los responsables políticos progresistas, el deseo de cambio es tan real como su sentimiento de impotencia. Indignación ciudadana e impotencia política pueden conducir a escenarios imprevisibles, como también pueden abonar el terreno para la emergencia de una verdadera agenda reformista. La necesidad de una trans formación de fondo, evidente para la ciudadanía, se va abriendo paso entre las elites políticas e intelectuales, pero el pesimismo y el escepticismo siguen siendo el sentimiento dominante.
¿Cuál es la razón de este pesimismo y del desencanto de la política que conlleva? Para muchos no es una falta de alternativas, sino la imposibilidad de llevarlas a cabo en un mundo globalizado donde el capital se mueve libremente mientras que la política actúa fragmentada. Esta realidad incontestable es un cambio nada desdeñable con respecto a los años treinta, cuando los gobiernos nacionales poseían un mayor margen de maniobra para embridar sus sistemas financieros. Hoy basta con que un único país con una plaza financiera competitiva tire hacia la baja o se descuelgue de un compromiso internacional para que los avances sean mínimos o nulos.
No obstante, aun siendo ciertos los frenos a la cooperación internacional, no hay constancia de alternativas viables y concretas al sistema financiero actual que hayan sido propuestas y hayan naufragado ante esa barrera. Cuando en 2008 se presentó la oportunidad de reescribir la regulación financiera a partir de una hoja en blanco, prácticamente todas las ideas escritas en ella por progresistas y neoliberales se han abierto camino: regulación de los fondos especulativos (hedge funds) y de las agencias de calificación, endurecimiento de los requisitos de capital y liquidez, mayor transparencia sobre los derivados, una tasa sobre las transacciones financieras, mayor cerco a los paraísos fiscales, alineamiento de intereses entre los emisores de titulizaciones y los inversores, remuneraciones ligadas a objetivos de medio plazo, supervisión de los riesgos sistémicos y mayor cooperación internacional entre reguladores. Y en la Unión Europea se ha acordado una unión bancaria para hacer más creíbles los mecanismos de supervisión bancaria y dotarse de un marco de resolución de crisis en el que el rescate con dinero público sea el último recurso.
¿Hay alguna otra propuesta política seria que haya sido ignorada o se haya quedado en el tintero? Se podría mencionar las propuestas de banca pública, salvo que hasta ahora se han formulado como una idea para que fluya el crédito, no como una reforma del sistema, ya que no se excluye que sigan existiendo bancos privados que funcionen según el paradigma actual. O las voces a favor de una mayor agresividad hacia los paraísos fiscales, que, sin duda, sería bienvenida, solo que el grueso de los riesgos provocados por el sistema financiero se genera en las plazas financieras de nuestros propios países.
Entonces, ¿qué ha fallado? ¿Por qué predomina la idea de que el sistema financiero sigue siendo tan inestable como antes de la crisis? No lo dicen solo sus críticos. Uno de los mayores actores del sistema, el Deutsche Bank, escribía en 2014 en una nota interna a sus clientes: “En las dos últimas décadas la economía mundial ha ido de burbuja en burbuja, con respuestas políticas agresivas que en vez de desentrañar las causas de una burbuja han fomentado la siguiente. Esto hace que el sistema financiero moderno tal y como lo conocemos siga siendo motivo de preocupación”. Los motivos que preocupan al Deutsche Bank probablemente sean distintos a los expresados en este libro, pero la constatación es la misma: el sistema financiero sigue siendo una peligrosa y cada vez mayor incubadora de riesgos.
La realidad es que en la hoja en blanco de 2008 no se inscribieron las reformas que extirparan las raíces mismas de la inestabilidad del sistema financiero. El neoliberalismo no las propuso porque no veía motivos para ello y la socialdemocracia, anestesiada por la tercera vía o encerrada en la defensa de un modelo antiguo, porque había descuidado la elaboración de alternativas adaptadas al mundo globalizado.
La pregunta no es, pues, si hay que reformar los cimientos del sistema financiero. Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, reconoce que “ningún país es inmune a la inestabilidad financiera y a los efectos adversos sobre el empleo, la actividad económica y la estabilidad de los precios que causan las crisis financieras”. La pregunta es qué reformas y cómo apli carlas. Para ello, el primer paso es acertar en el diagnóstico de las causas primeras de la inestabilidad del sistema.
En la primera parte hemos puesto de relieve la inestabilidad intrínseca del modelo bancario actual debida a la coexistencia, en el balance de un mismo banco, de actividades que requieren el menor riesgo posible, como es la custodia de los depósitos, y actividades, como el crédito, arriesgadas por definición. El carácter cíclico de la economía, así como la disparidad entre el medio y largo plazo del crédito y la deuda a corto plazo que constituyen los depósitos, hace que recurrentemente la convivencia de ambos en el mismo balance se revele problemática. A esto se añade el efecto desestabilizador suplementario que representa dejar en manos de entidades procíclicas como los bancos la creación de dinero, tal y como se deriva del modelo actual de captación de depósitos y concesión de crédito por una misma entidad. Hemos documentado histórica y académicamente el reconocimiento de estas vulnerabilidades de raíz.
De la misma forma, en la segunda parte hemos visto que, hoy en día, nadie contradice la inestabilidad congénita de los mercados financieros. Las teorías que la explican pueden variar o admitir matices, pero nadie niega que la especulación sea el vector de dicha inestabilidad, que el aumento de los volú menes la amplifica en vez de reducirla y que, en un contexto desregulado, la especulación instrumentaliza la innovación financiera para alcanzar sus fines.
Reconocidas ambas inestabilidades y el riesgo que representan para la economía, el debate es si una adecuada regulación y supervisión puede minimizar sus riesgos o si es más conveniente extirparlas de raíz. Hasta hace poco, este debate no tenía lugar porque no había sobre la mesa propuestas concretas sobre la segunda opción. El propósito de este libro ha sido explorar alternativas que permitan un debate entre ambas opciones, unas a favor de mantener el paradigma actual en el sistema financiero y otras favorables al cambio.
En el plano técnico, y atendiendo a dos siglos de historia financiera, el modelo centralizado de depósitos y la tasa sobre el casino financiero nos parecen opciones más estables que la situación actual, así como social y económicamente más eficientes.
En el caso del sistema bancario, partiendo de propuestas prometedoras existentes pero incompletas, hemos elaborado un modelo alternativo, el modelo centralizado de depósitos, que consiste en separar las actividades de crédito y depósitos y confiar estos últimos a una entidad única, el Banco Ciudadano de Depósitos, cuyo mandato sería la estabilidad financiera y el buen funcionamiento de la economía, mientras que el crédito estaría en manos de entidades financieras —públicas, privadas, cooperativistas o mutualistas— en régimen de libre competencia. El Banco Ciudadano de Depósitos, además de ofrecer una garantía segura para los depósitos, les daría un fin productivo al invertirlos en títulos de deuda de los bancos, convirtiéndose así en una fuente de financiación estable, segura y competitiva para ellos. Su posición central le permitiría igualmente influir de manera anticíclica en el proceso de creación de dinero. Sus estatutos proclamarían su carácter de servicio público y ofrecerían el derecho ciudadano a una cuenta bancaria gratuita para toda persona física u organización sin ánimo de lucro. La gestión de los depósitos también incluiría su inversión prudencial en activos seguros, como deuda pública, desempeñando un papel estabilizador del mercado de deuda pública en casos extremos como los que ha atravesado la zona euro en los últimos años.
Con relación a los mercados financieros, la inestabilidad no es una cuestión de modelo de sistema, sino inherente a cualquier actividad de inversión basada en la rentabilidad financiera futura en una economía libre. Que la rentabilidad financiera sirva de guía a los inversores no es un mal en sí mismo, ya que contribuye a la función social de asignación eficiente de los recursos que cumplen los mercados financieros. Sin embargo, cuando la maximización de la rentabilidad financiera empuja a acumular riesgos y busca alcanzar los máximos beneficios en el menor plazo de tiempo posible, el sistema se vuelve rápidamente inestable. Aquí nuestra aportación al debate ha consistido en en contrar instrumentos eficaces para impedir o minimizar las dinámicas generadoras de inestabilidad. El núcleo duro del debate que planteamos es, primero, reconocer que dichas dinámicas que apartan a los mercados financieros de su función social son indeseables, para lo cual no dudamos en tacharlas de casino financiero, y, segundo, combatirlas con una tasa progresiva sobre la especulación.
En el plano político, esta reforma progresista del sistema financiero comporta, a nuestro entender, indudables mejoras democráticas.
El Banco Ciudadano de Depósitos es una palanca poderosa para reequilibrar la relación entre el poder financiero y el poder ciudadano, devolviendo a este último el control directo sobre su dinero y poniéndolo al servicio del interés general. Es un modelo bancario que, además, libera a los gobiernos de la presión de rescatar a los bancos en dificultades y aporta nuevos ingresos públicos significativos gracias a la inversión productiva de los depósitos. Asimismo, devuelve soberanía financiera a los Estados, haciéndolos independientes de los vaivenes de los mercados, y cierta soberanía monetaria a los países de la zona euro que adopten el modelo, permitiéndoles adaptar mejor la política monetaria única del Banco Central Europeo a la coyuntura del país. A la vista de la misión y los poderes del Banco Ciudadano de Depósitos, su gobierno es la cuestión más delicada. Deberá ser necesariamente profesional, plural, transparente y estar blindado frente a presiones de todo tipo, sin por ello adquirir una independencia absoluta frente a la ciudadanía, propietaria del dinero cuya custodia confía al Banco, para lo cual, en casos excepcionales y siguiendo un procedimiento consultivo, esta podría adaptar la misión del Banco. El Banco Ciudadano de Depósitos también abre perspectivas interesantes sobre el proceso de creación de dinero y la inversión pública que pueden ser aprovechadas al servicio del bien común, sin afectar a la estabili dad de precios o al equilibrio de las cuentas públicas.
En el caso de la tasa sobre el casino financiero, además de proteger a los mercados financieros de sí mismos, limita su expansión desmesurada para que no alcancen una influencia política indebida. Centrarlos con la ayuda de la tasa sobre su función social libera a la economía de la miopía del cortoplacismo financiero y protege a la sociedad de los excesos del capitalismo financiero.
Las propuestas avanzadas, cuyas modalidades prácticas son seguramente perfectibles, nos parecen técnicamente, desde un punto de vista económico y financiero, un progreso considerable con respecto a la situación actual. Si se reconocen sus mayores ventajas técnicas, pero se teme la transición hacia un modelo nuevo, creemos que la mejora de la democracia y la restauración de la confianza en la política que suponen son razones suplementarias más que suficientes para optar por ellas.
Una última cuestión es si, tratándose de reformas novedosas, que pueden por tanto despertar cierto temor a lo desconocido, y contrarias a los intereses de los poderosos beneficiarios del sistema actual, tienen opciones realistas de viabilidad política. Aquí es donde la condición de partida de que entraran dentro de la autonomía de decisión de un solo país adquiere un carácter esencial por dos razones.
La primera es que las reformas propuestas tienen un calado político profundo y, por lo tanto, requieren un debate democrático de calidad. Si se busca introducirlas directamente a nivel internacional caerían en el espacio relativamente opaco de las negociaciones internacionales y con organismos tecno cráticos, un espacio mucho menos accesible al debate ciudadano, más vulnerable al juego de intereses nacionales por encima de argumentos de fondo y en el que disfrutan de un peso excesivo los argumentos tecnocráticos nunca ideológicamente neutros. Un debate dentro del espacio nacional, sobre opciones que pertenecen al ámbito de decisión de la propia ciudadanía a través de sus representantes políticos y que disfrutan de canales compartidos de deliberación como los medios de comunicación o las redes sociales, generaría decisiones con una mayor calidad democrática y una mayor apropiación ciudadana. Es importante que la ciudadanía recobre el sentimiento de ser dueña de su destino.
La segunda razón, más táctica, tiene que ver con la dinámica de difusión de los avances políticos. La mayoría de las reformas que han supuesto una innovación social o económica importante se han producido en un marco nacional, precedidas por un debate interno generador de mayorías democráticas. Una vez demostrada su eficacia y viabilidad, han servido de inspiración para reformas similares en otros países. En el ámbito financiero pre domina la creencia de que el margen de maniobra nacional es prácticamente nulo; aquí nos hemos esforzado en demostrar que, aunque la interdependencia financiera internacional sea muy profunda, existe espacio suficiente para un modelo bancario propio, compatible con el sistema financiero internacional, y para una tasa sobre el casino financiero que no resta atractividad al mercado financiero local para las inversiones productivas. En ambos casos el sistema financiero nacional gana en eficacia y estabilidad sin perder competitividad internacional en las actividades social y económicamente útiles.
De esta manera, estamos convencidos de que, como con secuencia de la crisis, se dan las condiciones políticas para que propuestas perfectamente viables como el Banco Ciudadano de Depósitos o la tasa sobre el casino financiero se abran camino. Su aplicación en un país como España sería un primer paso para su futura extensión a toda la zona euro y a muchos más países. Las fuerzas progresistas pueden ser el agente impulsor y transmisor de estas reformas, como lo fueron después de la Gran Depresión para la implantación del Estado de bienestar y la adopción de una regulación financiera estricta.
Todo el afán de producción de riqueza está encaminado a alimentar un sector insaciable. En 1981, en Estados Unidos el sueldo medio en el sector financiero era equivalente al de los demás sectores; en 2008 era un 60% superior. En España, durante el ciclo expansivo 1994-2007, el salario real medio aumentó un 1,9%, frente a un incremento del 70% del PIB y del 544% del capital accionarial. A la dominación del sistema financiero sobre el resto de la economía y a su indiferencia frente al aumento de las desigualdades se suma su influencia política para que el paradigma productivo y financiero actual, tan favorable a sus intereses, no se altere.
A pesar de todo, la ciudadanía sigue reclamando una reforma en profundidad del sistema financiero y, para la mayoría de los responsables políticos progresistas, el deseo de cambio es tan real como su sentimiento de impotencia. Indignación ciudadana e impotencia política pueden conducir a escenarios imprevisibles, como también pueden abonar el terreno para la emergencia de una verdadera agenda reformista. La necesidad de una trans formación de fondo, evidente para la ciudadanía, se va abriendo paso entre las elites políticas e intelectuales, pero el pesimismo y el escepticismo siguen siendo el sentimiento dominante.
¿Cuál es la razón de este pesimismo y del desencanto de la política que conlleva? Para muchos no es una falta de alternativas, sino la imposibilidad de llevarlas a cabo en un mundo globalizado donde el capital se mueve libremente mientras que la política actúa fragmentada. Esta realidad incontestable es un cambio nada desdeñable con respecto a los años treinta, cuando los gobiernos nacionales poseían un mayor margen de maniobra para embridar sus sistemas financieros. Hoy basta con que un único país con una plaza financiera competitiva tire hacia la baja o se descuelgue de un compromiso internacional para que los avances sean mínimos o nulos.
No obstante, aun siendo ciertos los frenos a la cooperación internacional, no hay constancia de alternativas viables y concretas al sistema financiero actual que hayan sido propuestas y hayan naufragado ante esa barrera. Cuando en 2008 se presentó la oportunidad de reescribir la regulación financiera a partir de una hoja en blanco, prácticamente todas las ideas escritas en ella por progresistas y neoliberales se han abierto camino: regulación de los fondos especulativos (hedge funds) y de las agencias de calificación, endurecimiento de los requisitos de capital y liquidez, mayor transparencia sobre los derivados, una tasa sobre las transacciones financieras, mayor cerco a los paraísos fiscales, alineamiento de intereses entre los emisores de titulizaciones y los inversores, remuneraciones ligadas a objetivos de medio plazo, supervisión de los riesgos sistémicos y mayor cooperación internacional entre reguladores. Y en la Unión Europea se ha acordado una unión bancaria para hacer más creíbles los mecanismos de supervisión bancaria y dotarse de un marco de resolución de crisis en el que el rescate con dinero público sea el último recurso.
¿Hay alguna otra propuesta política seria que haya sido ignorada o se haya quedado en el tintero? Se podría mencionar las propuestas de banca pública, salvo que hasta ahora se han formulado como una idea para que fluya el crédito, no como una reforma del sistema, ya que no se excluye que sigan existiendo bancos privados que funcionen según el paradigma actual. O las voces a favor de una mayor agresividad hacia los paraísos fiscales, que, sin duda, sería bienvenida, solo que el grueso de los riesgos provocados por el sistema financiero se genera en las plazas financieras de nuestros propios países.
Entonces, ¿qué ha fallado? ¿Por qué predomina la idea de que el sistema financiero sigue siendo tan inestable como antes de la crisis? No lo dicen solo sus críticos. Uno de los mayores actores del sistema, el Deutsche Bank, escribía en 2014 en una nota interna a sus clientes: “En las dos últimas décadas la economía mundial ha ido de burbuja en burbuja, con respuestas políticas agresivas que en vez de desentrañar las causas de una burbuja han fomentado la siguiente. Esto hace que el sistema financiero moderno tal y como lo conocemos siga siendo motivo de preocupación”. Los motivos que preocupan al Deutsche Bank probablemente sean distintos a los expresados en este libro, pero la constatación es la misma: el sistema financiero sigue siendo una peligrosa y cada vez mayor incubadora de riesgos.
La realidad es que en la hoja en blanco de 2008 no se inscribieron las reformas que extirparan las raíces mismas de la inestabilidad del sistema financiero. El neoliberalismo no las propuso porque no veía motivos para ello y la socialdemocracia, anestesiada por la tercera vía o encerrada en la defensa de un modelo antiguo, porque había descuidado la elaboración de alternativas adaptadas al mundo globalizado.
La pregunta no es, pues, si hay que reformar los cimientos del sistema financiero. Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, reconoce que “ningún país es inmune a la inestabilidad financiera y a los efectos adversos sobre el empleo, la actividad económica y la estabilidad de los precios que causan las crisis financieras”. La pregunta es qué reformas y cómo apli carlas. Para ello, el primer paso es acertar en el diagnóstico de las causas primeras de la inestabilidad del sistema.
En la primera parte hemos puesto de relieve la inestabilidad intrínseca del modelo bancario actual debida a la coexistencia, en el balance de un mismo banco, de actividades que requieren el menor riesgo posible, como es la custodia de los depósitos, y actividades, como el crédito, arriesgadas por definición. El carácter cíclico de la economía, así como la disparidad entre el medio y largo plazo del crédito y la deuda a corto plazo que constituyen los depósitos, hace que recurrentemente la convivencia de ambos en el mismo balance se revele problemática. A esto se añade el efecto desestabilizador suplementario que representa dejar en manos de entidades procíclicas como los bancos la creación de dinero, tal y como se deriva del modelo actual de captación de depósitos y concesión de crédito por una misma entidad. Hemos documentado histórica y académicamente el reconocimiento de estas vulnerabilidades de raíz.
De la misma forma, en la segunda parte hemos visto que, hoy en día, nadie contradice la inestabilidad congénita de los mercados financieros. Las teorías que la explican pueden variar o admitir matices, pero nadie niega que la especulación sea el vector de dicha inestabilidad, que el aumento de los volú menes la amplifica en vez de reducirla y que, en un contexto desregulado, la especulación instrumentaliza la innovación financiera para alcanzar sus fines.
Reconocidas ambas inestabilidades y el riesgo que representan para la economía, el debate es si una adecuada regulación y supervisión puede minimizar sus riesgos o si es más conveniente extirparlas de raíz. Hasta hace poco, este debate no tenía lugar porque no había sobre la mesa propuestas concretas sobre la segunda opción. El propósito de este libro ha sido explorar alternativas que permitan un debate entre ambas opciones, unas a favor de mantener el paradigma actual en el sistema financiero y otras favorables al cambio.
En el plano técnico, y atendiendo a dos siglos de historia financiera, el modelo centralizado de depósitos y la tasa sobre el casino financiero nos parecen opciones más estables que la situación actual, así como social y económicamente más eficientes.
En el caso del sistema bancario, partiendo de propuestas prometedoras existentes pero incompletas, hemos elaborado un modelo alternativo, el modelo centralizado de depósitos, que consiste en separar las actividades de crédito y depósitos y confiar estos últimos a una entidad única, el Banco Ciudadano de Depósitos, cuyo mandato sería la estabilidad financiera y el buen funcionamiento de la economía, mientras que el crédito estaría en manos de entidades financieras —públicas, privadas, cooperativistas o mutualistas— en régimen de libre competencia. El Banco Ciudadano de Depósitos, además de ofrecer una garantía segura para los depósitos, les daría un fin productivo al invertirlos en títulos de deuda de los bancos, convirtiéndose así en una fuente de financiación estable, segura y competitiva para ellos. Su posición central le permitiría igualmente influir de manera anticíclica en el proceso de creación de dinero. Sus estatutos proclamarían su carácter de servicio público y ofrecerían el derecho ciudadano a una cuenta bancaria gratuita para toda persona física u organización sin ánimo de lucro. La gestión de los depósitos también incluiría su inversión prudencial en activos seguros, como deuda pública, desempeñando un papel estabilizador del mercado de deuda pública en casos extremos como los que ha atravesado la zona euro en los últimos años.
Con relación a los mercados financieros, la inestabilidad no es una cuestión de modelo de sistema, sino inherente a cualquier actividad de inversión basada en la rentabilidad financiera futura en una economía libre. Que la rentabilidad financiera sirva de guía a los inversores no es un mal en sí mismo, ya que contribuye a la función social de asignación eficiente de los recursos que cumplen los mercados financieros. Sin embargo, cuando la maximización de la rentabilidad financiera empuja a acumular riesgos y busca alcanzar los máximos beneficios en el menor plazo de tiempo posible, el sistema se vuelve rápidamente inestable. Aquí nuestra aportación al debate ha consistido en en contrar instrumentos eficaces para impedir o minimizar las dinámicas generadoras de inestabilidad. El núcleo duro del debate que planteamos es, primero, reconocer que dichas dinámicas que apartan a los mercados financieros de su función social son indeseables, para lo cual no dudamos en tacharlas de casino financiero, y, segundo, combatirlas con una tasa progresiva sobre la especulación.
En el plano político, esta reforma progresista del sistema financiero comporta, a nuestro entender, indudables mejoras democráticas.
El Banco Ciudadano de Depósitos es una palanca poderosa para reequilibrar la relación entre el poder financiero y el poder ciudadano, devolviendo a este último el control directo sobre su dinero y poniéndolo al servicio del interés general. Es un modelo bancario que, además, libera a los gobiernos de la presión de rescatar a los bancos en dificultades y aporta nuevos ingresos públicos significativos gracias a la inversión productiva de los depósitos. Asimismo, devuelve soberanía financiera a los Estados, haciéndolos independientes de los vaivenes de los mercados, y cierta soberanía monetaria a los países de la zona euro que adopten el modelo, permitiéndoles adaptar mejor la política monetaria única del Banco Central Europeo a la coyuntura del país. A la vista de la misión y los poderes del Banco Ciudadano de Depósitos, su gobierno es la cuestión más delicada. Deberá ser necesariamente profesional, plural, transparente y estar blindado frente a presiones de todo tipo, sin por ello adquirir una independencia absoluta frente a la ciudadanía, propietaria del dinero cuya custodia confía al Banco, para lo cual, en casos excepcionales y siguiendo un procedimiento consultivo, esta podría adaptar la misión del Banco. El Banco Ciudadano de Depósitos también abre perspectivas interesantes sobre el proceso de creación de dinero y la inversión pública que pueden ser aprovechadas al servicio del bien común, sin afectar a la estabili dad de precios o al equilibrio de las cuentas públicas.
En el caso de la tasa sobre el casino financiero, además de proteger a los mercados financieros de sí mismos, limita su expansión desmesurada para que no alcancen una influencia política indebida. Centrarlos con la ayuda de la tasa sobre su función social libera a la economía de la miopía del cortoplacismo financiero y protege a la sociedad de los excesos del capitalismo financiero.
Las propuestas avanzadas, cuyas modalidades prácticas son seguramente perfectibles, nos parecen técnicamente, desde un punto de vista económico y financiero, un progreso considerable con respecto a la situación actual. Si se reconocen sus mayores ventajas técnicas, pero se teme la transición hacia un modelo nuevo, creemos que la mejora de la democracia y la restauración de la confianza en la política que suponen son razones suplementarias más que suficientes para optar por ellas.
Una última cuestión es si, tratándose de reformas novedosas, que pueden por tanto despertar cierto temor a lo desconocido, y contrarias a los intereses de los poderosos beneficiarios del sistema actual, tienen opciones realistas de viabilidad política. Aquí es donde la condición de partida de que entraran dentro de la autonomía de decisión de un solo país adquiere un carácter esencial por dos razones.
La primera es que las reformas propuestas tienen un calado político profundo y, por lo tanto, requieren un debate democrático de calidad. Si se busca introducirlas directamente a nivel internacional caerían en el espacio relativamente opaco de las negociaciones internacionales y con organismos tecno cráticos, un espacio mucho menos accesible al debate ciudadano, más vulnerable al juego de intereses nacionales por encima de argumentos de fondo y en el que disfrutan de un peso excesivo los argumentos tecnocráticos nunca ideológicamente neutros. Un debate dentro del espacio nacional, sobre opciones que pertenecen al ámbito de decisión de la propia ciudadanía a través de sus representantes políticos y que disfrutan de canales compartidos de deliberación como los medios de comunicación o las redes sociales, generaría decisiones con una mayor calidad democrática y una mayor apropiación ciudadana. Es importante que la ciudadanía recobre el sentimiento de ser dueña de su destino.
La segunda razón, más táctica, tiene que ver con la dinámica de difusión de los avances políticos. La mayoría de las reformas que han supuesto una innovación social o económica importante se han producido en un marco nacional, precedidas por un debate interno generador de mayorías democráticas. Una vez demostrada su eficacia y viabilidad, han servido de inspiración para reformas similares en otros países. En el ámbito financiero pre domina la creencia de que el margen de maniobra nacional es prácticamente nulo; aquí nos hemos esforzado en demostrar que, aunque la interdependencia financiera internacional sea muy profunda, existe espacio suficiente para un modelo bancario propio, compatible con el sistema financiero internacional, y para una tasa sobre el casino financiero que no resta atractividad al mercado financiero local para las inversiones productivas. En ambos casos el sistema financiero nacional gana en eficacia y estabilidad sin perder competitividad internacional en las actividades social y económicamente útiles.
De esta manera, estamos convencidos de que, como con secuencia de la crisis, se dan las condiciones políticas para que propuestas perfectamente viables como el Banco Ciudadano de Depósitos o la tasa sobre el casino financiero se abran camino. Su aplicación en un país como España sería un primer paso para su futura extensión a toda la zona euro y a muchos más países. Las fuerzas progresistas pueden ser el agente impulsor y transmisor de estas reformas, como lo fueron después de la Gran Depresión para la implantación del Estado de bienestar y la adopción de una regulación financiera estricta.
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