diciembre 2013
Congreso de los diputados (CC).
Congreso de los diputados (CC).
Durante el último año he contrastado a menudo estados de ánimo con extranjeros hermanos de lengua y con españoles emigrados en cuyos rostros he visto la claridad de la decisión. Ya en el avión de regreso, nada más mirar de reojo la portada de los diarios, las sensaciones empiezan a cambiar de signo. La luz peninsular, graciosamente indecisa, entre europea y africana, proporciona un minuto de ilusión, pero tarda poco en dejar paso a la sombría impresión de retornar a un estado de cosas gris y amenazador, que se confirma con el primer informativo. Las noticias transmiten una sensación de estancamiento insoportable, de recaída en una especie de castigo divino. Me refugio en la distancia de la curiosidad etnográfica para anotar esta observación: la naturaleza en mi país tiene virtudes que se apagan en cuanto alzan la voz sus nativos.
Al caudal obtenido por procedimientos ilegítimos, puesto a salvo en paraísos fiscales y ratificado por el apaño legislativo, la negra avaricia de nuestras élites puede añadir en la columna de su haber el desánimo completo de la sociedad española. La especulación que se apodera del bien común no solamente ha desangrado la economía y aflojado el pulso del cuerpo social, sino que, al pretender hacer pasar por bueno un estado corrupto, ha dejado al país sin espíritu, literalmente desalmado. He aquí el efecto más temible de la crisis. En otras latitudes la maldad actúa sin máscara, pero en España aspira a ser bendecida por un carcomido derecho de señorío, a justificar el sometimiento de las clases populares y la apatía de los jóvenes con una democracia de cartón piedra que se publicita en imágenes digitalizadas.
La pérdida anímica de la sociedad española tiene sobrados precedentes históricos: en el bandolerismo primitivo, en la corrupción de la nobleza aliada con la delincuencia, en el anhelo de fortuna desmedida, en el desprecio por los oficios manuales, en el ideal imposible de la limpieza de sangre, en la exaltación de la fe reducida a espectáculo. Pero está a punto de consumarse precisamente cuando los españoles parecíamos haber llegado por primera vez a un consenso para poner remedio a nuestros males atávicos. Un falseamiento paulatino de los artículos de la constitución relativos al estado social libre y de derecho, a la soberanía popular, a la separación de poderes, a la nación de naciones, está al cabo de lograr lo que no pudieron siglos de absolutismo, la cansina alternancia en el gobierno de los partidos burgueses y las dictaduras militares.
La explicación de estos hechos es simple, aunque de intrincada apariencia, y debe ser urgentemente compartida con las jóvenes generaciones tanto en casa como en la escuela. El sistema de partidos ha protegido la alternancia excluyente de la derecha tradicional con la socialdemocracia, garantizándose el beneplácito inicial de los nacionalismos conservadores, que luego acaban por pasar factura. El predominio de los partidos de gobierno, tanto a nivel estatal como autonómico, se sostiene sobre dos pilares fundamentales: la especulación financiera y la manipulación de la opinión pública. Los especuladores financian a los partidos de los que obtienen contratos prometedores, los partidos favorecen a los grupos mediáticos afines, los grupos mediáticos aprovechan su influjo para engrosar las cuentas de sus directivos.
Esta circulación del poder no constituido influye poderosamente sobre el voto, que es el único modo de participación democrática, y secuestra la soberanía popular, obligándola a pasar por el aro de la filiación clientelar. No hace falta perder mucho tiempo en discusiones sobre formas del estado que son mero decorado de teatro: vivimos sometidos a una oligocracia financiera, partidista y mediática. Quien no participa en el reparto de favores económicos, de cargos públicos o de horas de entretenimiento deportivo, está virtualmente fuera del sistema. Si todavía dispone de un puesto de trabajo, gracias a un oficio ajeno a la especulación, a la política de ámbito nacional o local, a los operadores de comunicación, está seriamente amenazado de perderlo, por muy liberal y respetable que sea su profesión.
Algo parecido ocurre en la mayoría de los países occidentales que nos han proporcionado el modelo, pero aquí el cerco que amenaza a la democracia se estrecha rápidamente debido a algunos factores determinantes: la apropiación de las estructuras sociales por parte de las élites más voraces y la calculada dependencia de la judicatura o de la Agencia Tributaria respecto del ejecutivo agravan las consecuencias de la cesión de la soberanía popular en manos de los partidos mayoritarios, de quienes los financian ilegalmente, de los medios que encubren la manipulación de la opinión pública bajo un ligero y pegajoso barniz de independencia informativa.
La mentira se ha convertido en sinónimo del quehacer político, justificada por las técnicas de imagen y por los índices de audiencia. Son incontables los casos en que los responsables públicos mienten sin recato en los medios de comunicación o en las audiencias judiciales y, cuando sus mentiras son puestas al descubiertο, prosiguen tranquilamente en sus cargos. Cada vez es más difícil que la verdad se abra paso en la política española. Los jueces que se atreven a plantar cara a la corrupción se ven obstaculizados o apartados de sus funciones. En particular quienes ponen el dedo en la llaga de la banca que ha servido para expoliar y endeudar a las comunidades locales, corrompiendo a sus funcionarios, extendiendo la red de la infamia por las cuatro esquinas del mapa.
Por si esta barbarie que ha desangrado el país fuera poca cosa, el partido en el Gobierno —principal responsable, aunque no único, en el diseño de esa estructura dispuesta para el saqueo— pretende no solo quedar impune modificando las leyes a su medida, sino extender definitivamente el alcance de la especulación privada a las áreas más sensibles del bien común. Imaginemos el porvenir de la sanidad y de la educación en manos de empresarios como los que han saqueado las cajas, a los que hay que rescatar mientras multiplican sus ingresos millonarios, prestos a vender a la primera de cambio su mercancía a intereses foráneos, aún más voraces y experimentados en hundir empresas en aras de la libertad de mercado.
La reforma laboral nos engaña al pretender que va a crear nuevo empleo. Su objetivo principal es aligerar los costes del despido libre, el secundario repartir empleo precarizado. La destrucción masiva de empleo se debe al estallido de la burbuja inmobiliaria, que lo creó de forma artificial, pero también al hecho de que las nuevas tecnologías tienden a suprimir tareas y oficios tradicionales. Para crear empleo saneado y durable habría que inventar empresas nobles, abrir para las energías jóvenes cauces prometedores, más anchos que el deporte de élite, si bien no exentos de pagar impuestos. La ciencia y la tecnología tendrían que aliarse con las humanidades y las artes —que representan nuestra mejor tradición sin que la Constitución las reconozca— y atraer estudiantes extranjeros hacia nuestras viejas universidades. Eso no parece entrar en las miras de la nueva ley de educación. El país no tiene energía para inventos. Ni para reconocerse a sí mismo.
No es exagerado decir que nuestro país está, más que desanimado, desalmado por la falsedad, por la falta de conciencia social e histórica, por una apariencia de democracia que amenaza con derrumbarse, que intenta sostenerse con medidas autoritarias dictadas por el miedo. Miedo al reflujo de la verdad, a las previsibles reacciones populares, a la inmigración proveniente de los países más pobres. Se desvían del alcance de los jueces sanciones desmesuradas contra la libertad de expresión, en nombre de la seguridad exclusiva de los servidores de la plutocracia; se arman barreras crueles en las fronteras, que no pretenden sino contentar a los señores de Europa con el llamativo color de la sangre. Tanto celo se pone en proteger los privilegios de las élites que los propios arietes de las finanzas tienen que corregir el ardor de sus cancerberos.
Una temible arrogancia de larga tradición en España proclama que es natural la desigualdad entre los hombres, mientras hace todo lo posible por aumentarla artificial e ilegalmente. Privatiza el bien común, pero nacionaliza agujeros bancarios e infraestructuras deficitarias. Habla sin respeto de «izquierda indigente» y encarece la inteligencia de un sistema de mercado que funciona por automatismos más bien primarios. Su orgullo de casta se apoya en un razonamiento bastardo, que falsea la prueba concluyente. Su concepto de sociedad consiste en fortalecer a la minoría dirigente en edad productiva y en mantener a la mayoría cerca de un umbral de pobreza graduable a voluntad. Es un concepto de sociedad sin futuro.
Esto ya no es un asunto de izquierdas o de derechas. La posibilidad de buscar otro horizonte está en manos de todos, pero principalmente en las vuestras, chavales, cualquiera que sea la educación que hayáis recibido. Tal vez podáis evitar, con un nuevo concepto de generosidad respetuosa, que nuestros lares pierdan el ánima para siempre. Vuestros hermanos mayores ya están buscándose la vida en el extranjero, son el renovado exilio de la ilusión, de la creación y del pensamiento hispanos. Cuando me encuentro con ellos en ciudades del Viejo o del Nuevo Mundo, me reciben con la misma alegría cualquiera que sea su comunidad de origen. Eso me hace pensar que quizá un país que pierde el alma pueda empezar a rehacerse en la imaginación de los que se han visto obligados a marcharse. La pregunta, chavales, es si vosotros queréis crecer en un país desalmado. Si respondéis que os da lo mismo, yo también emigro. Y si me viera atrapado por el hechizo de las luces y de las sombras peninsulares, emigro al menos con el pensamiento, me quedo como ausente entre vosotros.
Al caudal obtenido por procedimientos ilegítimos, puesto a salvo en paraísos fiscales y ratificado por el apaño legislativo, la negra avaricia de nuestras élites puede añadir en la columna de su haber el desánimo completo de la sociedad española. La especulación que se apodera del bien común no solamente ha desangrado la economía y aflojado el pulso del cuerpo social, sino que, al pretender hacer pasar por bueno un estado corrupto, ha dejado al país sin espíritu, literalmente desalmado. He aquí el efecto más temible de la crisis. En otras latitudes la maldad actúa sin máscara, pero en España aspira a ser bendecida por un carcomido derecho de señorío, a justificar el sometimiento de las clases populares y la apatía de los jóvenes con una democracia de cartón piedra que se publicita en imágenes digitalizadas.
La pérdida anímica de la sociedad española tiene sobrados precedentes históricos: en el bandolerismo primitivo, en la corrupción de la nobleza aliada con la delincuencia, en el anhelo de fortuna desmedida, en el desprecio por los oficios manuales, en el ideal imposible de la limpieza de sangre, en la exaltación de la fe reducida a espectáculo. Pero está a punto de consumarse precisamente cuando los españoles parecíamos haber llegado por primera vez a un consenso para poner remedio a nuestros males atávicos. Un falseamiento paulatino de los artículos de la constitución relativos al estado social libre y de derecho, a la soberanía popular, a la separación de poderes, a la nación de naciones, está al cabo de lograr lo que no pudieron siglos de absolutismo, la cansina alternancia en el gobierno de los partidos burgueses y las dictaduras militares.
La explicación de estos hechos es simple, aunque de intrincada apariencia, y debe ser urgentemente compartida con las jóvenes generaciones tanto en casa como en la escuela. El sistema de partidos ha protegido la alternancia excluyente de la derecha tradicional con la socialdemocracia, garantizándose el beneplácito inicial de los nacionalismos conservadores, que luego acaban por pasar factura. El predominio de los partidos de gobierno, tanto a nivel estatal como autonómico, se sostiene sobre dos pilares fundamentales: la especulación financiera y la manipulación de la opinión pública. Los especuladores financian a los partidos de los que obtienen contratos prometedores, los partidos favorecen a los grupos mediáticos afines, los grupos mediáticos aprovechan su influjo para engrosar las cuentas de sus directivos.
Esta circulación del poder no constituido influye poderosamente sobre el voto, que es el único modo de participación democrática, y secuestra la soberanía popular, obligándola a pasar por el aro de la filiación clientelar. No hace falta perder mucho tiempo en discusiones sobre formas del estado que son mero decorado de teatro: vivimos sometidos a una oligocracia financiera, partidista y mediática. Quien no participa en el reparto de favores económicos, de cargos públicos o de horas de entretenimiento deportivo, está virtualmente fuera del sistema. Si todavía dispone de un puesto de trabajo, gracias a un oficio ajeno a la especulación, a la política de ámbito nacional o local, a los operadores de comunicación, está seriamente amenazado de perderlo, por muy liberal y respetable que sea su profesión.
Algo parecido ocurre en la mayoría de los países occidentales que nos han proporcionado el modelo, pero aquí el cerco que amenaza a la democracia se estrecha rápidamente debido a algunos factores determinantes: la apropiación de las estructuras sociales por parte de las élites más voraces y la calculada dependencia de la judicatura o de la Agencia Tributaria respecto del ejecutivo agravan las consecuencias de la cesión de la soberanía popular en manos de los partidos mayoritarios, de quienes los financian ilegalmente, de los medios que encubren la manipulación de la opinión pública bajo un ligero y pegajoso barniz de independencia informativa.
La mentira se ha convertido en sinónimo del quehacer político, justificada por las técnicas de imagen y por los índices de audiencia. Son incontables los casos en que los responsables públicos mienten sin recato en los medios de comunicación o en las audiencias judiciales y, cuando sus mentiras son puestas al descubiertο, prosiguen tranquilamente en sus cargos. Cada vez es más difícil que la verdad se abra paso en la política española. Los jueces que se atreven a plantar cara a la corrupción se ven obstaculizados o apartados de sus funciones. En particular quienes ponen el dedo en la llaga de la banca que ha servido para expoliar y endeudar a las comunidades locales, corrompiendo a sus funcionarios, extendiendo la red de la infamia por las cuatro esquinas del mapa.
Por si esta barbarie que ha desangrado el país fuera poca cosa, el partido en el Gobierno —principal responsable, aunque no único, en el diseño de esa estructura dispuesta para el saqueo— pretende no solo quedar impune modificando las leyes a su medida, sino extender definitivamente el alcance de la especulación privada a las áreas más sensibles del bien común. Imaginemos el porvenir de la sanidad y de la educación en manos de empresarios como los que han saqueado las cajas, a los que hay que rescatar mientras multiplican sus ingresos millonarios, prestos a vender a la primera de cambio su mercancía a intereses foráneos, aún más voraces y experimentados en hundir empresas en aras de la libertad de mercado.
La reforma laboral nos engaña al pretender que va a crear nuevo empleo. Su objetivo principal es aligerar los costes del despido libre, el secundario repartir empleo precarizado. La destrucción masiva de empleo se debe al estallido de la burbuja inmobiliaria, que lo creó de forma artificial, pero también al hecho de que las nuevas tecnologías tienden a suprimir tareas y oficios tradicionales. Para crear empleo saneado y durable habría que inventar empresas nobles, abrir para las energías jóvenes cauces prometedores, más anchos que el deporte de élite, si bien no exentos de pagar impuestos. La ciencia y la tecnología tendrían que aliarse con las humanidades y las artes —que representan nuestra mejor tradición sin que la Constitución las reconozca— y atraer estudiantes extranjeros hacia nuestras viejas universidades. Eso no parece entrar en las miras de la nueva ley de educación. El país no tiene energía para inventos. Ni para reconocerse a sí mismo.
No es exagerado decir que nuestro país está, más que desanimado, desalmado por la falsedad, por la falta de conciencia social e histórica, por una apariencia de democracia que amenaza con derrumbarse, que intenta sostenerse con medidas autoritarias dictadas por el miedo. Miedo al reflujo de la verdad, a las previsibles reacciones populares, a la inmigración proveniente de los países más pobres. Se desvían del alcance de los jueces sanciones desmesuradas contra la libertad de expresión, en nombre de la seguridad exclusiva de los servidores de la plutocracia; se arman barreras crueles en las fronteras, que no pretenden sino contentar a los señores de Europa con el llamativo color de la sangre. Tanto celo se pone en proteger los privilegios de las élites que los propios arietes de las finanzas tienen que corregir el ardor de sus cancerberos.
Una temible arrogancia de larga tradición en España proclama que es natural la desigualdad entre los hombres, mientras hace todo lo posible por aumentarla artificial e ilegalmente. Privatiza el bien común, pero nacionaliza agujeros bancarios e infraestructuras deficitarias. Habla sin respeto de «izquierda indigente» y encarece la inteligencia de un sistema de mercado que funciona por automatismos más bien primarios. Su orgullo de casta se apoya en un razonamiento bastardo, que falsea la prueba concluyente. Su concepto de sociedad consiste en fortalecer a la minoría dirigente en edad productiva y en mantener a la mayoría cerca de un umbral de pobreza graduable a voluntad. Es un concepto de sociedad sin futuro.
Esto ya no es un asunto de izquierdas o de derechas. La posibilidad de buscar otro horizonte está en manos de todos, pero principalmente en las vuestras, chavales, cualquiera que sea la educación que hayáis recibido. Tal vez podáis evitar, con un nuevo concepto de generosidad respetuosa, que nuestros lares pierdan el ánima para siempre. Vuestros hermanos mayores ya están buscándose la vida en el extranjero, son el renovado exilio de la ilusión, de la creación y del pensamiento hispanos. Cuando me encuentro con ellos en ciudades del Viejo o del Nuevo Mundo, me reciben con la misma alegría cualquiera que sea su comunidad de origen. Eso me hace pensar que quizá un país que pierde el alma pueda empezar a rehacerse en la imaginación de los que se han visto obligados a marcharse. La pregunta, chavales, es si vosotros queréis crecer en un país desalmado. Si respondéis que os da lo mismo, yo también emigro. Y si me viera atrapado por el hechizo de las luces y de las sombras peninsulares, emigro al menos con el pensamiento, me quedo como ausente entre vosotros.
© http://www.jotdown.es/2013/12/chavales-quereis-crecer-en-un-pais-desalmado/
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