Por Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad
Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona.
Con cierta periodicidad previsible, la banca y las compañías de
seguros y pensiones privadas se movilizan para promover la cercana
inviabilidad de las pensiones públicas, aconsejando a la población que
sea rápida en adquirir un aseguramiento privado que le garantice una
pensión cuando se jubile, porque la pensión pública no le será
suficiente. La última campaña es la iniciada por el gobernador del Banco
de España, el Sr. Luis María Linde, que explícitamente y sin rubor o
reparo ha dicho que el ciudadano español debería compensar su pensión
pública con una privada, debido a que “el sistema público llevará
inexorablemente a la reducción de las pensiones en el futuro”. Y toda
una lista de supuestos “expertos”, incluidos catedráticos de economía
próximos a la banca y/o miembros del gobierno del Banco de España,
añadirán su servil y dócil voz a este mensaje. Y economistas de
sensibilidad neoliberal, del partido liberal catalán gobernante en la
Generalitat de Catalunya, han también enfatizado este mensaje a través
de los medios públicos de la Generalitat (TV3 y Catalunya Ràdio)
mediante sus programas económicos y tertulias. Un tanto semejante ha
ocurrido con economistas del Partido Popular (PP), que lo han hecho a
través de los medios públicos controlados por el gobierno del este
partido, como es el caso de TVE.
Y todos ellos, como prueba de la insolvencia del sistema público de
pensiones, han señalado la rápida desaparición del Fondo de Reserva de
la Seguridad Social, que se estableció en el año 2000 precisamente para
poder cubrir los déficits creados en la caja en su pago de las
pensiones. El gobierno Rajoy ha ido gastando este fondo, reduciendo su
global nada menos que un 38%, atribuyendo la necesidad de recurrir a
estas reservas al crecimiento de la población anciana y al aumento de la
esperanza de vida.
Esta argumentación, sin embargo, es falsa, pues la creciente demanda
hacia el fondo de reserva se debe primordialmente a la situación
desastrosa del mercado laboral, que, al aumentar el paro y la
precariedad, y al descender los salarios (como está aconsejando el Sr.
Luis María Linde), implica unas cotizaciones mucho más bajas y un número
de cotizantes mucho menor, con el consiguiente descenso de los ingresos
al sistema público de pensiones. En realidad, las políticas de
austeridad (vivamente promocionadas por la banca y otras secciones del
capital financiero, así como por los partidos liberales, socioliberales y
conservadores) han sido una de las mayores causas del deterioro de la
financiación de las pensiones públicas, debido al impacto negativo que
han tenido en el crecimiento económico y al deterioro tan acentuado de
los salarios y en el número de asalariados, causas todas ellas de los
menores ingresos a la Seguridad Social.
Las bajas pensiones públicas en España
Aquellas voces neoliberales constantemente acentúan que las pensiones
españolas son excesivas en su generosidad y en su cobertura. Y como
prueba de todo ello, señalan que la tasa de remplazo es de las más
elevadas en la Unión Europea (el 94% del último salario obtenido), sin
citar, sin embargo, que los salarios son mucho más bajos en España, con
lo cual, los ingresos netos de los pensionistas son mucho menores.
Y estos ingresos han ido descendiendo como resultado de una serie de
cambios que apenas han tenido visibilidad mediática. Uno de ellos es el
hecho de desligar el crecimiento de las pensiones del crecimiento de la
inflación, cambio casi único en los países de la UE. Así, se predice que
los precios en 2015 subirán un 1,3%, y puesto que el crecimiento de las
pensiones será solo de un 0,25%, ello significa que el pensionista verá
reducida la capacidad adquisitiva de su pensión en un 1,05% (1,3 –
0,25), reduciéndose todavía más las pensiones. En España, un 55% de las
pensiones se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional
(SMI).
Y para reducirlas todavía más, la edad de jubilación a partir del 1
de enero de 2014 se irá atrasando para pasar de 65 a 67 años en 2027,
aumentando también el tiempo necesario para poder adquirir toda la
pensión (pasando de 35 a 37 años). Y, por si fuera poco, el número de
años que se utilizan para calcular la pensión habrá pasado de 15 a 25
años en 2022.
Todas estas medidas han supuesto una enorme reducción de los
beneficios de las pensiones públicas, forzadas todas ellas a disminuir
su valor para que la población vaya corriendo a complementar su pensión
pública con una privada proveída por la banca. Todo ello ha ido
ocurriendo en un contexto en el que las rentas del trabajo como
porcentaje de las rentas totales han ido disminuyendo, mientras que las
rentas del capital (y muy en especial del capital financiero) han ido
aumentando. Si ello no hubiera ocurrido, y las rentas del trabajo
hubieran sido las que hubieran ido aumentando, en lugar de continuar
descendiendo, las pensiones (cuyos fondos provienen de dichas rentas del
trabajo) no tendrían ningún (repito, ningún) problema de viabilidad. En
realidad, el enorme crecimiento de las desigualdades (con un
crecimiento de las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo,
y con un crecimiento de las rentas superiores – cuyas cotizaciones a la
Seguridad Social son proporcionalmente menores – a costa de las rentas
medianas y bajas – que cotizan más a la Seguridad Social) es la mayor
causa de que la sostenibilidad de las pensiones públicas haya
disminuido. Y de ello, señor lector, usted no ha oído ni pío en los
mayores medios de información.
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