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Juan Torres López
Publicado en publico.es el 6 de junio de 2012
Desde que empezó la crisis, sus verdaderos causantes han conseguido evadir sus responsabilidades y hacer que quienes la sufren incluso se sientan como los culpables y que paguen sin rechistar los platos que otros han roto.
Los bancos españoles fueron los primeros responsables de lo que ha ocurrido en nuestra economía al haber financiado una burbuja inmobiliaria irracional y a una clase empresarial (si es que se la puede llamar así) que no ha hecho más que dar un pelotazo detrás de otro a base de endeudamiento, de favores administrativos, de empleo precario y de fraude fiscal.
Los bancos han sido el mecanismo utilizado para evadir impuestos y para sacar hacia paraísos fiscales miles de millones de euros, y han obtenido los beneficios más altos del planeta a base de engaños y mil modos de estafas que han arruinado a miles de familias, que ahora se desgañitan para tratar de paliar su quebranto en los juzgados sin que los gobiernos hagan nada por apoyarles.
Los bancos españoles endeudaron artificialmente a familias y empresas para hacer negocio fácil y se endeudaron ellos al mismo tiempo, dando lugar así al auténtico problema de deuda privada que tiene España en estos momentos.
Los bancos españoles utilizaron su dominio sobre los medios de comunicación para hacer creer que su situación era saludable y que no tenían problemas patrimoniales. Y gracias al poder político que vienen acumulando desde el franquismo, y que ahora se traduce en partidos políticos esclavos de los préstamos multimillonarios que les conceden sin obligarles a devolverles, consiguieron que se aprobaran las medidas necesarias para salir del hoyo en el que han dejado al sistema financiero por la vía de quedarse con el mercado que ocupaban las cajas de ahorros. Pero a costa de seguir sin financiar a empresas y consumidores y de sumir a la economía española en una verdadera depresión.
Los bancos han obtenido los beneficios más elevados de toda nuestra economía pero los han obtenido arruinando a miles de empresas, destruyendo millones de empleos y facilitando el fraude fiscal y la corrupción política. Ahora, su situación se hace insostenible y tratan de que la paguemos los demás.
Los dirigentes del Banco de España han sido cómplices de ese desastre. Dedicados a pontificar sobre la necesidad de bajar salarios y de echar abajo las ya de por sí débiles estructuras de bienestar, han hecho la vista gorda ante el aumento del endeudamiento y de la pérdida progresiva de solvencia de la banca, y no solo de las cajas de ahorros. No oyeron ni a sus propios inspectores cuando éstos denunciaban lo que estaba pasando antes de que la crisis estallara, cuando ya habían empezado a detectar lo que se venía encima.
Los dirigentes de los partidos políticos mayoritarios son también corresponsables de lo que ha sucedido, aunque haya sido en medida diferente, pues incluso hasta algunos más radicales han mantenido hasta el último momento en Bankia y en otras cajas a sus representantes aliados con quienes han provocado el desastre, o han tenido dirigentes imputados. Todos ellos han alimentado un modelo de crecimiento y de gestión, sobre todo en los ayuntamientos y comunidades autónomas, vinculado a la obtención de plusvalías inmobiliarias, o tienen deudas millonarias con los bancos que nunca terminan de pagar, sin que el Tribunal de Cuentas u otros órganos jurisdiccionales hagan nada definitivo por evitar la corrupción que les rodea.
Es verdad que hay políticos honestos y que los partidos son necesarios siempre, pero eso no impide denunciar que sus dirigentes han generalizado una política de despilfarro en la administración pública, y de corrupción muy extendida, al mismo tiempo que reducían los ingresos que precisan los servicios públicos esenciales sin los cuales ni hay bienestar mínimo ni incluso democracia posible.
Y a estas responsabilidades habría que añadir las de algunos grandes empresarios, y las de otras autoridades, magistrados o incluso las del propio Jefe del Estado, que no han sabido estar a la altura de las circunstancias ni actuar con probidad cuando se le piden sacrificios enormes a la población.
Ahora bien. Si todas estas responsabilidades se han dado no ha sido solo como consecuencia de que se hayan multiplicado las conductas personales condenables. No. Estas ha ocurrido en un grado ya tan desastroso porque lo que ha fallado es nuestra armadura institucional, nuestro sistema político y, concretamente, nuestra propia Constitución, que no está sirviendo para que los ciudadanos disfrutemos de los derechos que nos reconoce ni para impedir las tropelías que a la inmensa mayoría nos avergüenzan.
Tenemos efectivamente derechos que no nos dejan ejercer, obligaciones que no cumplimos, tribunales que no investigan ni juzgan, delincuentes que no son perseguidos, o incluso culpables que no tienen que cumplir las condenas.
España lleva meses sacudida por especuladores, y bajo la amenaza más grave que ha sufrido en los últimos decenios, pero el empeño del gobierno es salvar a los bancos, se niega a investigar quién ha provocado el roto que hemos de pagar los españoles y se dedica a dividir y desprestigiar a los propios españoles y a sus propias instituciones. Millones de españoles contemplan con estupor que haya dinero sin límite para los bancos y no para los servicios públicos que necesitan, y el Rey se va a hacer las américas con los responsables de las empresas que más dinero han defraudado a las arcas nacionales, que más empleo han destruido y que más responsabilidad tienen en el desencadenamiento de la crisis tan singularmente aguda que vivimos en el contexto del descalabro financiero internacional. Y mientras todo esto sucede, los medios de comunicación de mayor impacto de dedican a difundir programación basura, silencian a las voces y los debates más críticos, se criminaliza la indignación y se permite que los partidos políticos hagan en el gobierno lo contrario de lo que dicen a los ciudadanos que van a hacer cuando se presentan a las elecciones.
¡Claro que España necesita un rescate! Pero no en forma de préstamo que vaya directamente a los bancos y que paguemos los ciudadanos, como están negociando. No. Lo que España necesita es rescatarse a sí misma de quienes la han llevado al desastre: creando una Comisión de la Verdad que depure responsabilidades, impulsando una nueva mayoría social y política capaz de conseguir en las elecciones que salgan del Parlamento los culiparlantes y los políticos comprometidos con quienes han provocado la situación en la que estamos, y que desde allí abra un debate realmente democrático sobre nuestra institucionalidad, sobre cómo es mejor organizar nuestro Estado, nuestra economía y nuestra sociedad para que no vuelvan a producirse los desmanes y las barbaridades que nos han situado al borde del abismo y que con tanta razón están llenando de rabia e indignación a las personas decentes, con independencia de su ideología o de sus creencias.
Desde que empezó la crisis, sus verdaderos causantes han conseguido evadir sus responsabilidades y hacer que quienes la sufren incluso se sientan como los culpables y que paguen sin rechistar los platos que otros han roto.
Los bancos españoles fueron los primeros responsables de lo que ha ocurrido en nuestra economía al haber financiado una burbuja inmobiliaria irracional y a una clase empresarial (si es que se la puede llamar así) que no ha hecho más que dar un pelotazo detrás de otro a base de endeudamiento, de favores administrativos, de empleo precario y de fraude fiscal.
Los bancos han sido el mecanismo utilizado para evadir impuestos y para sacar hacia paraísos fiscales miles de millones de euros, y han obtenido los beneficios más altos del planeta a base de engaños y mil modos de estafas que han arruinado a miles de familias, que ahora se desgañitan para tratar de paliar su quebranto en los juzgados sin que los gobiernos hagan nada por apoyarles.
Los bancos españoles endeudaron artificialmente a familias y empresas para hacer negocio fácil y se endeudaron ellos al mismo tiempo, dando lugar así al auténtico problema de deuda privada que tiene España en estos momentos.
Los bancos españoles utilizaron su dominio sobre los medios de comunicación para hacer creer que su situación era saludable y que no tenían problemas patrimoniales. Y gracias al poder político que vienen acumulando desde el franquismo, y que ahora se traduce en partidos políticos esclavos de los préstamos multimillonarios que les conceden sin obligarles a devolverles, consiguieron que se aprobaran las medidas necesarias para salir del hoyo en el que han dejado al sistema financiero por la vía de quedarse con el mercado que ocupaban las cajas de ahorros. Pero a costa de seguir sin financiar a empresas y consumidores y de sumir a la economía española en una verdadera depresión.
Los bancos han obtenido los beneficios más elevados de toda nuestra economía pero los han obtenido arruinando a miles de empresas, destruyendo millones de empleos y facilitando el fraude fiscal y la corrupción política. Ahora, su situación se hace insostenible y tratan de que la paguemos los demás.
Los dirigentes del Banco de España han sido cómplices de ese desastre. Dedicados a pontificar sobre la necesidad de bajar salarios y de echar abajo las ya de por sí débiles estructuras de bienestar, han hecho la vista gorda ante el aumento del endeudamiento y de la pérdida progresiva de solvencia de la banca, y no solo de las cajas de ahorros. No oyeron ni a sus propios inspectores cuando éstos denunciaban lo que estaba pasando antes de que la crisis estallara, cuando ya habían empezado a detectar lo que se venía encima.
Los dirigentes de los partidos políticos mayoritarios son también corresponsables de lo que ha sucedido, aunque haya sido en medida diferente, pues incluso hasta algunos más radicales han mantenido hasta el último momento en Bankia y en otras cajas a sus representantes aliados con quienes han provocado el desastre, o han tenido dirigentes imputados. Todos ellos han alimentado un modelo de crecimiento y de gestión, sobre todo en los ayuntamientos y comunidades autónomas, vinculado a la obtención de plusvalías inmobiliarias, o tienen deudas millonarias con los bancos que nunca terminan de pagar, sin que el Tribunal de Cuentas u otros órganos jurisdiccionales hagan nada definitivo por evitar la corrupción que les rodea.
Es verdad que hay políticos honestos y que los partidos son necesarios siempre, pero eso no impide denunciar que sus dirigentes han generalizado una política de despilfarro en la administración pública, y de corrupción muy extendida, al mismo tiempo que reducían los ingresos que precisan los servicios públicos esenciales sin los cuales ni hay bienestar mínimo ni incluso democracia posible.
Y a estas responsabilidades habría que añadir las de algunos grandes empresarios, y las de otras autoridades, magistrados o incluso las del propio Jefe del Estado, que no han sabido estar a la altura de las circunstancias ni actuar con probidad cuando se le piden sacrificios enormes a la población.
Ahora bien. Si todas estas responsabilidades se han dado no ha sido solo como consecuencia de que se hayan multiplicado las conductas personales condenables. No. Estas ha ocurrido en un grado ya tan desastroso porque lo que ha fallado es nuestra armadura institucional, nuestro sistema político y, concretamente, nuestra propia Constitución, que no está sirviendo para que los ciudadanos disfrutemos de los derechos que nos reconoce ni para impedir las tropelías que a la inmensa mayoría nos avergüenzan.
Tenemos efectivamente derechos que no nos dejan ejercer, obligaciones que no cumplimos, tribunales que no investigan ni juzgan, delincuentes que no son perseguidos, o incluso culpables que no tienen que cumplir las condenas.
España lleva meses sacudida por especuladores, y bajo la amenaza más grave que ha sufrido en los últimos decenios, pero el empeño del gobierno es salvar a los bancos, se niega a investigar quién ha provocado el roto que hemos de pagar los españoles y se dedica a dividir y desprestigiar a los propios españoles y a sus propias instituciones. Millones de españoles contemplan con estupor que haya dinero sin límite para los bancos y no para los servicios públicos que necesitan, y el Rey se va a hacer las américas con los responsables de las empresas que más dinero han defraudado a las arcas nacionales, que más empleo han destruido y que más responsabilidad tienen en el desencadenamiento de la crisis tan singularmente aguda que vivimos en el contexto del descalabro financiero internacional. Y mientras todo esto sucede, los medios de comunicación de mayor impacto de dedican a difundir programación basura, silencian a las voces y los debates más críticos, se criminaliza la indignación y se permite que los partidos políticos hagan en el gobierno lo contrario de lo que dicen a los ciudadanos que van a hacer cuando se presentan a las elecciones.
¡Claro que España necesita un rescate! Pero no en forma de préstamo que vaya directamente a los bancos y que paguemos los ciudadanos, como están negociando. No. Lo que España necesita es rescatarse a sí misma de quienes la han llevado al desastre: creando una Comisión de la Verdad que depure responsabilidades, impulsando una nueva mayoría social y política capaz de conseguir en las elecciones que salgan del Parlamento los culiparlantes y los políticos comprometidos con quienes han provocado la situación en la que estamos, y que desde allí abra un debate realmente democrático sobre nuestra institucionalidad, sobre cómo es mejor organizar nuestro Estado, nuestra economía y nuestra sociedad para que no vuelvan a producirse los desmanes y las barbaridades que nos han situado al borde del abismo y que con tanta razón están llenando de rabia e indignación a las personas decentes, con independencia de su ideología o de sus creencias.
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