Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Una de las tesis que se promueven con mayor ahínco en los círculos
neoliberales del país es que España entró y permanece en crisis por su
excesivo gasto público y falta de disciplina fiscal. De esta tesis se
concluye que hay que reducir el gasto público y recuperar la famosa
disciplina fiscal, reduciendo el déficit público para alcanzar el nivel
exigido por el Pacto de Estabilidad (el 3% del PIB).
Esta tesis es fácilmente demostrable que carece de credibilidad. El
Estado español era, en realidad, el modelo de rectitud ortodoxa
neoliberal. Tenía un superávit en las cuentas del Estado en los años
2005, 2006 y 2007, y su deuda pública era de las más bajas de la
Eurozona. Durante el periodo 2004-2007, tal deuda pública bajó del 46%
al 36%. España no podía ser más modélica desde el punto de vista
neoliberal. Los responsables de la política económica y fiscal del
Gobierno español recibieron el aplauso de las autoridades europeas que
gestionan y dirigen la Eurozona (desde el Consejo Europeo y la Comisión
Europea al Banco Central Europeo) y como no, del Fondo Monetario
Internacional.
En realidad, la sensación de euforia era tal que el Gobierno
socialista español, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero,
decidió bajar los impuestos, identificando tal medida con ser de
izquierdas. Su slogan más conocido en aquellos años fue que “bajar los
impuestos es de izquierdas”. Esta bajada de impuestos aumentó el déficit
estructural del Estado, es decir, el déficit público, que determinan
los ingresos y gastos estructurales y no coyunturales. Este aumento del
déficit estructural permaneció ocultado o ignorado por el aumento de los
ingresos al Estado, resultado de la situación coyuntural provocada por
la burbuja inmobiliaria. Ahora bien, cuando esta burbuja explotó, el
déficit estructural apareció con toda claridad y contundencia. Los
ingresos al Estado bajaron en picado, resultado, en gran parte, de que
la estructura fiscal del Estado español depende excesivamente de las
rentas del trabajo y muy poco de las rentas del capital. Cuando la
actividad económica se colapsó y el desempleo se disparó, los ingresos
al Estado bajaron y mucho. De ahí el déficit público del Estado. No
tiene nada, nada que ver con el aumento del gasto público, el cual,
medido en gasto público por habitante, ha ido bajando, no subiendo. Y
los datos así lo muestran. Se están recortando y recortando, y en cambio
el déficit público apenas baja y el crecimiento económico está
decreciendo. ¿Qué evidencia esperan los círculos neoliberales para poder
ver que están profundamente equivocados?
Por otro lado, un punto clave poco estudiado y con escasa visibilidad
mediática es ¿por qué la burbuja inmobiliaria explotó? La causa
primordial es que la mayoría del dinero que estaba detrás de la burbuja
inmobiliaria procedía de bancos alemanes, franceses, holandeses, belgas,
entre otros. En realidad el enorme flujo de dinero (lo que se llama
inversión financiera) a España explica que la balanza de pagos (la
diferencia entre el capital que entra y el que sale del país) se
disparara en aquellos años de burbuja inmobiliaria. El hecho de que la
banca europea alimentara a la banca española se debía, como no podría
ser de otro modo, a que eran inversiones financieras extraordinariamente
beneficiosas. Su rentabilidad era enorme. Pero cuando esta banca
europea contaminada por los productos tóxicos procedentes de la banca
estadounidense se paralizó, el dinero dejó de venir a España y la
burbuja inmobiliaria explotó, creando un agujero en el PIB español
equivalente a un 10% de su tamaño. Y todo ello en cuestión de meses.
Ahora España tiene un problema enorme porque debe mucho dinero a los
bancos europeos, que no puede pagar. Y los bancos europeos tienen un
problema incluso mayor, porque han prestado tanto dinero a España y a
los otros países intervenidos (Grecia, Portugal e Irlanda) que si éstos
no lo pagan, tienen un problema gravísimo. En realidad, muchos de ellos
se colapsarían. Los bancos alemanes habían prestado en 2009 la enorme
cantidad de 704.000 millones de euros a los países PIGS (España, Grecia,
Irlanda y Portugal), convertidos en GIPSI con la inclusión de Italia.
Esta cantidad es muchas veces superior al capital en reserva de la banca
alemana. Si estos países no pudieran pagar su deuda, la banca alemana
colapsaría. El establishment financiero alemán y su Gobierno,
presidido por la Sra. Merkel, es plenamente consciente de este hecho. Y
de ahí su énfasis en que el objetivo prioritario de las políticas de
austeridad que está imponiendo a aquellos países y de la supuesta “ayuda
financiera”a sus bancos, sea el de que la banca alemana recupere el
dinero prestado.
El objetivo de los recortes es salvar la banca alemana
Y así nacieron las políticas de recortes. Como bien escribía recientemente nada menos que el editor senior del Financial Times,
el Sr. Martin Wolf (25.06.12) el objetivo de estos recortes en España
tiene poco que ver con recuperar la economía española y sí con que se
pague a los bancos europeos, incluyendo los alemanes, lo que se les
debe. Así de claro.
Ahora bien, como las cosas no se pueden decir tan claro, el argumento
que se utiliza por los economistas y políticos neoliberales, es que hay
que reducir el déficit público para “inspirar confianza a los mercados
financieros” de manera tal que éstos vuelvan a prestar dinero a España.
Según tal argumento, la desconfianza de los mercados hacia España
determina que la prima de riesgo española haya subido tanto, ignorando
que el que marca los intereses de la deuda pública no son los mercados,
sino el BCE, que es el lobby de la banca, y muy en especial de la banca
alemana. El hecho de que el BCE no haya comprado deuda pública española
durante más de tres meses es la mayor causa de que la prima de riesgo se
haya disparado. Lo que le importa más a la banca alemana (y a su
instrumento, el BCE) es que continúe la austeridad, que sigan y se
profundicen los recortes por parte del Estado español a fin de que éste y
la banca privada a la que el Estado español ha estado subvencionando y
ayudando en cantidades exuberantes (más de un 10% del PIB) paguen ahora
lo que deben a aquellos bancos europeos, incluyendo los bancos alemanes.
Y los famosos 100.000 millones de euros que el Gobierno Rajoy ha
solicitado de las autoridades que gobiernan la Eurozona irán destinados a
continuar ayudando (todavía más) a los bancos, y todo ello financiado
por el ciudadano normal y corriente que paga al Estado y sostiene la
deuda pública. En realidad, incluso dirigentes del Gobierno alemán así
lo han reconocido. Uno de los consejeros económicos del Gobierno alemán,
Peter Böfinger, así lo ha dicho. “Las ayudas a la banca (de los países
en dificultades) no tienen que ver con el intento de ayudar a tales
países en sus problemas, sino ayudar a nuestros bancos que tienen gran
cantidad de deuda de aquellos países” (Chatterjee, Pratap, Bailing Out Germany: The Story Behind The European Financial Crisis).
En realidad, si de verdad tanto el Gobierno Rajoy o el Consejo
Europeo desearan ayudar a la economía española, no transferirían estos
100.000 millones a la banca (que no ha estado ofreciendo crédito ni a
las familias ni a las medianas y pequeñas empresas), sino a organismos
estatales como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el mandato de
ofrecer crédito accesible y razonable (no el que provee la banca hoy) a
la ciudadanía y a medianas y pequeñas empresas españolas. Tales
transferencias públicas podrían también estimular el establecimiento de
bancas públicas (tanto centrales como autonómicas) o cooperativas de
crédito que garantizaran la existencia de crédito, uno de los mayores
problemas que existe hoy en la España endeudada.
Pero lo que las autoridades europeas desean más que nada es que la
banca española y el Estado español paguen a los bancos alemanes,
franceses, holandeses, belgas y otros lo que les deben, a fin de -según
dicen ellos- recuperar la confianza de los mercados. Pero este argumento
asume que existen mercados, lo cual es fácil de demostrar que no
ocurre. En un mercado, la responsabilidad de un préstamo fallido es
compartida. Es un fallo de la persona o institución que pidió el
préstamo, pero lo es también de la persona o institución que ofreció el
préstamo. Y esto no está ocurriendo. En esta situación se está
penalizando al primero a fin de salvar los intereses del segundo. Esto
es lo que está haciendo, entre otros, el Gobierno alemán, que acusa y
critica al Estado español por haber permitido la formación de la burbuja
inmobiliaria sin citar el papel clave que el Estado alemán y la banca
alemana jugaron en el establecimiento y explosión de tal burbuja. No se
puede hablar de prestatarios irresponsables sin hablar también de los
prestamistas irresponsables. Y el Gobierno alemán está imponiendo las
políticas de austeridad para asegurarse de que a la banca alemana
irresponsable se le pague la deuda con intereses (que, por cierto,
alcanzan niveles estos últimos que cubren varias veces el coste de la
deuda en sí). Y así estamos.
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