Los socialistas europeos apoyan a última hora el polémico tribunal de arbitraje del TTIP. El giro inesperado de los socialistas avala el mecanismo de arbitraje entre inversores y países
Hasta el 10 de junio que no se vote en pleno no tendrá luz verde definitivo
Y digo yo... una vez más los socialistas dando la nota en un tema fundamental. Aquí os dejo un arsenal de información que te despejarán cualquier duda sobre el tema
El TTIP: no se trata de liberalizar el comercio, se trata de reubicar el poder
Desde la Unión Europea ha dado comienzo una campaña de propaganda destinada a contrarrestar los efectos, cada vez más evidentes, de las crecientes críticas al TTIP.
El TTIP se encuadra en la "cuarta fase" de la integración europea, consistente ya en neutralizar las instituciones democráticas de los Estados miembros frente al capital.
El TTIP va mucho más allá de una reducción de los ya exiguos aranceles; pretende reordenar el poder y concentrarlo del todo, a través de mecanismos como la "cooperación reguladora" o la protección de los inversores, en manos empresariales.
Por qué la Sexta ha quitado éste vídeo
¿Es libre el Tratado del “Libre Comercio” entre EEUU y la UE?...
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Una de las áreas de macroeconomía donde el lenguaje contradice más las realidades que intenta definir es la que se conoce como libre comercio (dentro de la cual se incluye el propuesto Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea). Como en todos los tratados de libre comercio, este tratado es promocionado, por sus promotores, como un tratado que intenta liberalizar el comercio, eliminando barreras que obstaculicen el intercambio comercial. Los principales promotores de estos acuerdos son las grandes empresas transnacionales, definidas erróneamente como multinacionales.
Lo primero que debe aclararse es que de libre comercio estos tratados tienen muy poco. La situación actual a los dos lados del Atlántico Norte ya permite la libre circulación del comercio, habiendo prácticamente desaparecido los impuestos y aranceles que solían dificultar el libre movimiento de productos y servicios. En realidad, tales tratados tienen muy poco que ver con facilitar el libre comercio. Lo que en realidad está detrás de estos tratados es proteger los intereses de dichas empresas frente a las regulaciones de los Estados que intentan proteger a la ciudadanía frente a sus prácticas desleales y dañinas para la población, que afectan a la salud y el bienestar de los ciudadanos, bien como trabajadores, consumidores o como personas que pueden estar sujetas a ofensas ambientales. De ahí que un elemento clave de estos tratados haya sido disminuir estas intervenciones públicas que existen en defensa de los ciudadanos de los países, y establecer tribunales de justicia que tengan mayor potestad y responsabilidad jurídica que los tribunales de cada Estado. Su objetivo es, pues, desarrollar sistemas jurídicos paralelos y con más poder que los tribunales nacionales. De ahí que cuando el gobierno de un Estado firma el tratado cede soberanía a una instancia superior. Las decisiones de sus Tribunales de Justicia pasan a ser secundarias a un Tribunal superior, el Tribunal que establece tal Tratado, siempre bien conocido por sus simpatías hacia tales transnacionales.
Es interesante notar que, por regla general, los partidos que más favorecen estos tratados son partidos conservadores y liberales (las derechas) que siempre se autodefinen como las fuerzas más “patrióticas”, siendo las que casi siempre ceden más la soberanía de sus Estados a favor de las empresas transnacionales. El caso español (incluyendo el catalán) es un claro ejemplo de ello.
La reproducción de las prácticas monopolistas
Un caso claro de ello es lo que está ocurriendo con la altamente monopolizada industria farmacéutica. Esta industria, claramente a la defensiva en estos días de crisis (generada en parte por el Ébola, pues nunca dieron ninguna prioridad a desarrollar la vacuna contra esta enfermedad), desea mantener la cláusula de permanencia de los monopolios, permitiendo a la empresa Gilead Sciences vender su medicamento contra la hepatitis C por 84.000$ (unos 67.000€) en EEUU, cuando este medicamento puede conseguirse por un precio mucho, pero muchísimo, más bajo en otro país (900$, unos 700€). Parecería lógico que en un Tratado de Libre Comercio los productores del mismo fármaco pero a un precio menor pudieran venderlo en el país donde el precio es mucho, pero muchísimo, mayor. Pues bien, la situación es precisamente la opuesta. Se protege a las empresas farmacéuticas que lo venden a un precio mucho más caro, manteniendo su monopolio sobre el mercado. Y a esto lo llaman libre mercado.
En realidad, estos tratados de libre comercio protegen descaradamente a las empresas que venden en varios países, lo que explica que se les llame multinacionales. Ahora bien, este término parecería indicar que son propiedad de varios países, lo cual no son. Son empresas transnacionales, basadas en un país, que a través del Estado en el que están basadas (por regla general, un país de economía más avanzada) ejercen su poder sobre el comercio internacional. Y cuentan con la protección del tribunal que gobierna cada tratado de libre comercio en beneficio suyo. De ahí que acompañando a los tratados de libre comercio siempre haya cláusulas que debilitan la normativa laboral, ambiental y social de los países que forman parte del tratado. Legislación que ha sido aprobada por los parlamentos nacionales resultado de la presión de fuerzas laborales, como sindicatos, o de prácticas políticas progresistas y/o verdes, y que se dejan de lado por considerarse que limitan el poder de las transnacionales. Y a esto, repito, también lo llaman libre comercio.
En Europa, este Tratado de Libre Comercio representa también una amenaza a los servicios públicos, como los Servicios Nacionales de Salud, que puede considerarse que vulneran el libre comercio de servicios, forzando la privatización de tales servicios. Esta ha sido una de las causas por las que defensores del Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña han denunciado dicho tratado. Las compañías transnacionales son plenamente conscientes de que sus acciones pueden ser muy impopulares, lo cual explica la falta de transparencia y opacidad de los preparativos de tal tratado. De ahí la urgencia de que haya una población bien informada para que pueda frenar tales comportamientos en los países afectados y sujetos al tratado. Por desgracia, los mayores medios de información y persuasión no han estado informando sobre los preparativos de tal tratado, en parte debido a la gran influencia que tales transnacionales ejercen en las instituciones políticas y mediáticas de los países. Y a esto le llaman libertad de prensa. Es característico del discurso y narrativa dominante que la palabra libertad siempre se utiliza para defender los intereses de unas minorías que dominan aquellas instituciones que se presentan como democráticas las primeras (las políticas) y como plurales y libres, las segundas (las mediáticas). La libertad es, pues, la libertad para defender sus intereses. Así de claro.
Juan Torres analiza el Tratado Libre Comercio que se está negociando en secreto entre Estados Unidos y la Unión Europea. Las conclusiones son que las consecuencias de este acuerdo serían terribles para la población europea. Ni es probable que revitalice la economía, ni mejorará la vida
y digo yo... ¿Alguien nos podría explicar qué es esto? Porque si lo que dicen es verdad los periodistas están muy callados, los polítiticos escondidos y nuestro futuro mucho peor que nuestro presente.
Ana Barba
24 oct 2014
Mi frutero cree que es de derechas. Piensa que si vienen los de izquierdas, le quitarán la frutería. Abre los ojos como platos cuando le digo que soy muy de izquierdas, no da crédito, una señora que parece tan de buena familia.
La dueña de la farmacia de la esquina es de derechas. Está al borde de la quiebra, pero cree a pies juntillas que la culpa es de la herencia recibida y de los de izquierdas, que no dejan al Gobierno hacer lo que debe.
Mi amigo Pepe, dueño de una pequeña granja en la sierra, se declara votante alterno del PP y el PSOE, pues no tiene claro quien le dará respuesta a su lenta agonía financiera.
Mi amiga Clara es funcionaria de la Administración. Se cree a salvo de la marejada de la crisis. Nunca tiene claro a quién votar, no le interesa la política. Ella cumple con su trabajo y no quiere saber nada más.
Pues bien, está a punto de empezar una nueva era para ellos, pero no lo saben. No pueden saberlo porque es un acuerdo prácticamente secreto. Les aviso y me creen trastornada. No tengo una bola de cristal, pero veo muy claro su futuro.
En los próximos meses, cuando entre en vigor el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE (TTIP), algo que ninguno de ellos conoce, su pequeño universo se transformará:
La libertad de comercialización de los productos americanos hará proliferar nuevos supermercados, llenos de envoltorios de colorines y precios de risa. Los trabajadores precarios, que son mayoría, sólo podrán comprar a esos precios, su sueldo no dará para más. Los pequeños comercios de proximidad irán cerrando poco a poco y nuestro frutero acabará de reponedor, por 500€ al mes, en un “walt-mart”, descubriendo que la fruta que venden allí es una porquería y que él, para asombro general, es de izquierdas pero no lo sabía. Se hará activista de un grupo off-line, ya que las nuevas normas sobre datos de usuarios de internet los pondrían al descubierto si usaran las RRSS.
Los acuerdos del TTIP obligarán a privatizar casi completamente la Sanidad, por lo que los trabajadores precarios, que son mayoría, no tendrán acceso a muchos tratamientos médicos, que tendrán unos precios cada vez más elevados. La farmacéutica de la esquina verá disminuir su clientela y sus menguados ingresos, no podrá hacer frente a los créditos y pagos a proveedores. La farmacias, controladas y reguladas por el Estado, serán “liberalizadas” y nuestra boticaria, en quiebra, regalará su botica a “Procter & Johnson” a cambio de un salario de subsistencia. Descubrirá con horror que ser de derechas siendo un asalariado le provoca dudas existenciales severas.
Mi pobre amigo Pepe, tan cuidadoso con las normas sanitarias para criar sus vacas, verá cómo el mercado nacional es invadido por toneladas de carne americana, baratísima, pero llena de hormonas. Tendrá que cerrar en poco más de un año y subsistir como descargador en una distribuidora cárnica. Identificará al “libre comercio” como el enemigo del que no le defendieron ni PP ni PSOE. Abrazará la causa antineoliberal sin grandes resultados, pues la Ley Mordaza y el nuevo Código Penal impedirán protestas y manifestaciones “antisistema”.
En cuanto a mi amiga Clara, se verá afectada por la nueva legislación laboral que permitirá despedir a los funcionarios. Una demanda millonaria de la multinacional “All is mine” contra el Estado español por lucro cesante dejará el presupuesto estatal temblando para varios años y no habrá más remedio que despedir al 65% de los funcionarios para poder mantener los 250 cargos de confianza de cada ministro. Clara comprobará con estupor que su amiga Lola, que no fue capaz de aprobar las oposiciones, es ahora secretaria de un exdiputado que “trabaja” en la antes mencionada “All is mine”. Malvivirá trabajando sin contrato y descubrirá que sólo puede subsistir al margen del Estado.
Y si esta distopia futurista te parece exagerada, lee a continuación los puntos más destacados del TTIP que he recopilado como documentación:
Los cambios en las normas regulatorias afectarán a la producción y prestación de bienes y servicios (calidades, reglas de emisión de contaminación, inversiones y derechos de propiedad).
Los negociadores de la UE que se ocupan de este tratado están rodeados de los lobbies de las diferentes corporaciones multinacionales y patronales. La Comisión Europea se embarcó en más de 100 encuentros cerrados con lobbistas y multinacionales para negociar los contenidos del tratado. La Comisión Europea tuvo que reconocer esos encuentros a posteriori, y más del 90% de los participantes resultaron ser grandes empresas. Los documentos y negociaciones son opacos y secretos para el común. No se ha dejado participar a los sindicatos y a otros grupos de la sociedad civil.
El negociador principal de la parte europea reconoció en una carta pública que todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante al menos 30 años. Concretamente aseguró que esta negociación sería una excepción a la Regla 1049/2001 que establece que todos los documentos de las instituciones europeas han de ser públicos. Como dice el premio Nobel Joseph Stiglitz sobre la negociación clandestina del TTIP, “no se entiende tanto secretismo, a no ser que lo que están tramando sea realmente malo”.
Una vez aprobado el TLC todos los gobiernos tendrán que adaptar sus normativas nacionales a los nuevos acuerdos internacionales, lo cual implicará una nueva ola de reformas laborales, financieras, fiscales, etc. que sirva a esa armonización regulatoria propuesta en el tratado. El TTIP estará por encima de la Constitución de cada país, será como una supraconstitución. Y los tribunales internacionales de arbitraje, que no están constituidos por jueces independientes, tendrán un nivel judicial más alto que los tribunales nacionales. El TTIP incluirá una cláusula de protección de los inversores extranjeros (conocida como Investor-State dispute settlement, ISDS), que permitirá a las multinacionales demandar a los estados cuyos gobiernos aprueben leyes que afecten a sus beneficios económicos presentes o futuros.
El TTIP no es sólo comercio. Como dice el profesor canadiense David Schneiderman, esto es un “Nuevo Constitucionalismo”, que garantiza derechos a los inversores por encima de los derechos de los ciudadanos. Aquí hay que hacer referencia a la modificación del artículo 135 de la Constitución española, que da prioridad al pago de la deuda sobre el bienestar de los ciudadanos, aprobado por PP y PSOE sin hacer la pertinente consulta ciudadana ante una enmienda constitucional.
En materia laboral, EEUU no ha ratificado seis de las ocho principales convenciones de la OIT, entre ellas las que conciernen a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Por el contrario, todos los países de la Unión Europea han ratificado los ocho convenios fundamentales. Se habla de un proceso de mínimo denominador común en el que el resultado de la armonización será la igualación al nivel de la regulación más laxa.
La protección de las inversiones (o corporaciones) y sus normas de arbitraje dan preeminencia a las multinacionales sobre la capacidad legislativa de los gobiernos. El propósito no es la reducción de los ya bajos niveles arancelarios, sino la modificación de la regulación existente en las relaciones comerciales entre ambos espacios económicos, favoreciendo únicamente a las grandes empresas transnacionales que son las únicas interesadas. Se trata de la regulación relacionada con el control sanitario de determinados productos, con los estándares medioambientales, con los convenios laborales, con la propiedad intelectual e incluso con la privatización de servicios públicos. Se argumenta que estas normas suponen costes adicionales para las empresas, todo lo cual sería una pérdida de potencial económico para las distintas economías.
Cuando se amplían los mercados la competencia se incrementa y las empresas nacionales se ven obligadas a competir con las extranjeras. Y en esa pugna acaban victoriosas las empresas más competitivas. Se va a producir un trasvase de ventas desde las empresas locales, más pequeñas, hacia las grandes empresas que son las que pueden mantener estructuras de costes y precios reducidos a lo largo del tiempo hasta que hayan logrado eliminar a la competencia local.
Todas las que no puedan competir y ofrecer precios más bajos tendrán que desaparecer junto con todos sus puestos de trabajo. De hecho, la Comisión Europea ha reconocido que la ventaja competitiva de algunas industrias estadounidenses generarán un notable impacto negativo en sus homólogas en la Unión Europea, pero asume que los gobiernos tendrán fondos suficientes para mitigar los costes que ello genere.
El modelo agrario europeo es muy diferente al estadounidense, tanto en su organización como sobre todo en su tamaño. En EEUU hay 2 millones de granjas, mientras que en la Unión Europea hay 13 millones. En promedio una granja estadounidense es 13 veces más grande que una europea, lo que permite a las empresas estadounidenses competir en mejores condiciones. Por eso los agricultores europeos están tan preocupados: la amenaza de una concentración de poder y riqueza en el sector es muy alta.
La estructura productiva de los países de la periferia europea está mucho menos desarrollada que en el centro y norte de Europa y es mucho menos competitiva, de modo que una mayor competencia proveniente de las empresas estadounidenses afectará fundamentalmente a España, Portugal y Grecia.
Los negociadores de Estados Unidos han señalado particularmente a la regulación sobre sanidad y productos fitosanitarios como principales objetivos a armonizar. Y es que la regulación de la Unión Europea en esta materia está mucho más desarrollada y es más rígida que la de Estados Unidos, razón por la cual una armonización a la baja será especialmente lesiva para los ciudadanos europeos.
Los supermercados europeos se inundarán de productos que son habituales en Estados Unidos y que sin embargo a día de hoy están prohibidos en la Unión Europea por motivos sanitarios o ecológicos. Por ejemplo, el 70% de toda la comida vendida en Estados Unidos contiene ingredientes modificados genéticamente, algo impensable actualmente en la Unión Europea.
En materia de salud pública, la Unión Europea bloquea más de 1.200 sustancias que se utilizarían en cosméticos, mientras que Estados Unidos sólo bloquea poco más de diez.
En materia de protección de datos, en Estados Unidos las grandes empresas pueden acceder sin límites a toda la información privada de sus clientes. Así, empresas como Facebook, Google o Microsoft tienen capacidad de utilizar esa información como deseen.
Sin embargo, en la Unión Europea hay límites que protegen ese espacio personal. ACTA y ahora el TTIP buscan romper esa regulación europea para armonizarla con la falta de límites de Estados Unidos. Este tratado de libre comercio atenta directamente contra este requisito al conceder una mayor protección legal a las grandes empresas que a los propios ciudadanos o a los estados.
A finales de 2013 había un mínimo de 268 demandas pendientes contra 98 países (UNCTAD). En los 90 sólo había una docena. Se trata de un nuevo negocio en sí mismo, lo que ha hecho que muchas empresas de abogados se hayan especializado y estén dispuestas a litigar por cualquier evento que crean que puede servir para sacarle dinero a los estados, desviándose como consecuencia grandes cantidades de recursos y fondos públicos hacia las grandes empresas, en lugar de dedicarse a los servicios públicos fundamentales que garanticen la vida digna de las personas.
Si todo esto no te ha generado deseos de luchar contra el TTIP, creeré que no tienes sangre en las venas y que vamos camino de un neofeudalismo sin solución
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