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Doctor en Derecho, miembro del Consejo científico de Attac y autor del libro El casino que nos gobierna
Desde el pasado julio, la Audiencia Nacional tiene abierto un
procedimiento de extradición del ingeniero informático Hervé Falciani de
nacionalidad monegasca y ex empleado del banco global HSBC en Ginebra
que por motivos altruistas o por simple interés crematístico, acumuló en
su portátil datos personales de 130.000 cuentas bancarias secretas, la
lista Falciani para los medios, lo que le obligó al abandono de Suiza y
de su empleo. Dado que su detención en territorio español se debió a una
orden cursada a la Interpol por la Confederación Helvética, está
planteada la interrogante sobre si el gobierno de Rajoy entregará a
Suiza a quien ha prestado un gran servicio a Europa y en particular a
España, aportándole una información valiosa que ha permitido recaudar
unos 6.000 millones de euros. Por lo cual, dado el tradicional
comportamiento pirata del país alpino, desde aquí nos unimos a la campaña promovida por ATTAC
para que Hervé Falciani sea liberado y al mismo tiempo le sean
reconocidos los servicios prestados a la Hacienda Española y a Europa.
Aparte de las razones jurídicas que las hay, como asunto de decisión
política las motivaciones para denegar la extradición solicitada son
muchas y contundentes, comenzando por la deslealtad reiterada de la
Confederación helvética hacia sus socios europeos en las últimas
décadas, sobre todo. Por ejemplo, en Bruselas reconocen que Suiza
incumple sistemáticamente el espíritu y a menudo la letra de los
convenios de intercambio de información fiscal, suscritos en aplicación
de la directiva europea de 2003 sobre fiscalidad del ahorro
particular, que le obligan a aplicar una retención tributaria sobre las
rentas de los capitales propiedad de nacionales de países de la UE,
siguiendo una escala que llegaba a un 35 % % a partir de 2011; con la
obligación de transferir el 75 % de la recaudación obtenida por esas
retenciones a las autoridades fiscales del Estado miembro donde resida
el titular de las rentas gravadas. Sin embargo, a estas alturas: ¿quién
conoce cuál ha sido la cuantía anual de esa retención correspondiente a
fondos de españoles en cuentas bancarias suizas? Si el gobierno español
dispone de esa información tributaria debería hacerla pública y si no la
tiene, debería reclamársela a Suiza y a todos los demás paraísos
fiscales vinculados por esos convenios internacionales que España
suscribió y de los que tanta propaganda se hizo en su momento.
Tras los acuerdos del G-20 en Londres de abril de 2009, Suiza hizo
público en televisión una declaración de su ministro de hacienda
subrayando que ningún convenio internacional afectaría a su secreto
bancario que era intocable. Pero el gobierno de Zarkozy pensaba que iba a
horadar ese secreto bancario, al lograr la negociación del convenio
fiscal bilateral más avanzado jamás logrado con Suiza. Pero cuando el
gobierno francés se hizo con la lista Falciani, las autoridades suizas
protestaron y pusieron tales pegas sobre el texto acordado que se detuvo
el proceso de ratificación de ese convenio ya negociado y firmado en
2009, planteando su renegociación. Y ante el fracaso de Sarkozy frente a
Suiza, para salvar la cara el lunes 15 de febrero de 2010 el gobierno
francés publicaba un decreto que recogía una lista de paraísos fiscales
de solo 18 países, todos ellos países y territorios de escaso relieve
financiero.
Más aún, Francia repartió la información de la lista Falciani entre
sus socios europeos implicados, en la que aparecieron nombres famosos
con historias que han llenado páginas en la prensa. Entre los miles de
nombres, estaba la mujer más rica de Francia, Liliane Bettencourt,
propietaria de la marca de perfumes L´Oreal, y Arlette Ricci, la
heredera de la marca Nina Ricci; de España, los banqueros Emilio Botín y
su hija Patricia Botin con cuentas en Suiza desde los años treinta; de
Italia, el modisto Valentino, el joyero Bulgari y la esposa del patrón
de la fórmula Uno Flavio Briatore, etc. Aunque pagaron determinadas
cantidades adeudadas, las benevolentes legislaciones permitieron que
ninguno de estos personajes fuera a la cárcel ni tuviera tampoco la
sanción social que se merecen por defraudar a un Estado que paga su
seguridad y la de sus negocios con cargo al resto de los ciudadanos.
Sin embargo, tras la crisis del sistema financiero global,
paradójicamente Suiza ha salido reforzada políticamente, como demuestran
los relatos y datos en mi libro El casino que nos gobierna (Clave Intelectual, 2012). Y
si los activos de extranjeros en los bancos suizos alcanzaban casi el
billón de dólares antes del comienzo de la crisis, según la Oficina
estadounidense contra el narcotráfico, actualmente han crecido de modo
muy importante. Y todo apunta que desde que arrancó la crisis financiera
en Wall Street, se han incrementado esos activos extranjeros
probablemente en un 100 %, aunque desconozcamos la cifra global exacta;
pero como país refugio para las grandes fortunas la crisis de la deuda
soberana ha supuesto el incremento del cambio del franco suizo frente
al euro y al dólar y el reforzamiento de la moneda alpina.
En unos años de bajada de los ingresos públicos, de políticas duras
de recortes sociales y de aumento descarado del gran fraude y la evasión
fiscal en España, al escándalo de la amnistía fiscal en curso (que
favorece la repatriación de fondos españoles en Suiza) añadiría un
ultraje a la conciencia ciudadana si el Gobierno de Rajoy entregara a
las autoridades suizas al ex empleado del banco HSBC que simplemente ha
violado el particular secreto bancario alpino, cuando gracias a la
colaboración de este ingeniero monegasco se han recuperado unos 6000
millones de euros según estimaciones no oficiales, consiguiéndose “la mayor regularización de la historia del fisco”
según dicen fuentes de Hacienda. Y para colmo, tal decisión
gubernamental de naturaleza política contribuiría a reforzar la
actividad bancaria ilícita del HSBC que, como ha demostrado la reciente
investigación del Senado estadounidense, favorece el blanqueo del dinero
sucio de los cárteles mejicanos de la droga, incumpliendo todas las
normas internacionales antiblanqueo. Son esas y otras múltiples razones
para apoyar la campaña de Attac y muchas otras asociaciones a favor de
la liberación del ciudadano Falciani.
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