El ‘expolio’ social del que no se habla
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Un argumento utilizado por los independentistas catalanes para
defender la tesis de que Catalunya tendría más recursos si se
independizara de España es que España está “expoliando” a Catalunya. No
voy a entrar en este artículo en este tema, sobre el cual he escrito
extensamente en varios artículos mostrando que el escaso desarrollo
social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional sino al
enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y
continúan teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del
subdesarrollo social de Catalunya y de otras partes de España, como
documento en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006. En
este artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual
ni los nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy
hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo
que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la
población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio
español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al
Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los
demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra
resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al
año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de
gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el
bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y
de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el
resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012).
Para entender la naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles
son las fuentes de ingreso más importantes al Estado que incluye, como
he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los
Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes:
una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas,
primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la
mayoría de la población trabajadora); la otra fuente son los impuestos
sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población
(predominantemente los burgueses y los grandes empresarios); la tercera
fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población,
independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es
sumamente regresivo; una cuarta fuente son los impuestos especiales que,
como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y,
finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.
Pues bien, según el excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de
Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios más rigurosos que
publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del
conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la
Banca y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel
Lago (y del cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este
artículo), los ingresos derivados del IRPF en España, desde el último
año antes de que se iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011,
crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a
68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el
consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de
euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los
impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones
de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió
más (5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos
fondos procedentes de tales impuestos derivan, en gran parte, de la
mayoría de la gente que trabaja y consume (lo que la literatura
sociológica definiría como clase trabajadora y clases medias). Y a lo
largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han aumentado.
Ahora bien, si analizamos qué ha pasado con las rentas derivadas del
capital y de sus diferentes componentes, tales como capital financiero
(bancos, compañías de seguros y compañías de alto riesgo, entre otros),
capital industrial (grandes corporaciones multinacionales) o capital de
servicios (empresas de marketing y asesorías, entre otras) vemos que los
ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital
han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%),
pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en
otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de
euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de
183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente
de gravar menos las rentas del capital, hecho que es el mayor
responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo
(14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros
menos, que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado
no ingresó como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de
las empresas, es decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran
detalle los cambios que han ido ocurriendo en cada uno de estos
impuestos y sus consecuencias en cuanto a los ingresos al Estado. Lo que
les acabo de escribir es el resumen de cómo han evolucionado los
ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes del
impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que
representaban el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a
ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial
contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la población,
incluyéndole a usted, lector, y a mí.
Ni que decir tiene que los centros de estudios financiados por la
banca y por la gran patronal han intentado explicar tal descenso de su
contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios,
resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente
que ello no es del todo cierto. La reducción de beneficios es sólo una
pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos al Estado
procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el descenso
de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre las
grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de
su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que
llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos
sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan
las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en
la realidad a un 5%. Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras
empresas (que no son grandes empresas multinacionales y facturan menos
de diez millones de euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el
real 15,3%, más de tres veces más que las multinacionales.
El significado de estos datos y otros aportados por el informe es
que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas
financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital)
declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales
tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el
28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo
nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es
decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones de euros más
anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto, la cifra de
recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado
exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para
compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas
del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social,
muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el
gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay
un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el
anterior, que está perjudicando a las clases populares de toda España,
incluida Catalunya. El hecho de que los establishments políticos y
mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y no
en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene
sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro.
Incluso, descontando deducciones justificables y otras medidas, tal como
Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es más, si
las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la
mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos
partidos han sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a
muchos millones más. ¿No creen que hay algo injusto en ello? A las
clases populares se les está imponiendo toda una serie de sacrificios, a
fin de mantener enormes beneficios y privilegios fiscales al gran
empresariado financiero y multinacional del país. Créanme que en España,
incluyendo Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que
está pasando en su entorno. Así de claro.
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