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Alberto Garzón Espinosa
Ayer el gobierno de España anunció el llamado banco malo. Se trata de
una medida que venía incorporada en el memorándum que el Gobierno
negoció con la troika, el cual no es otra cosa que un conjunto de
condiciones económicas que ha de realizar España a cambio de los 100.000
millones de euros del rescate.
Para entender esta nueva medida
hemos de asumir que estamos viviendo la resaca de la burbuja
inmobiliaria. Entre 2002 y 2007 se construyeron más viviendas que en
Francia y Alemania juntas (y ambas cuentan con el doble de población y
el triple de territorio), y ese proceso de construcción desaforada
permitió enormes ganancias al sector de la construcción-inmobiliario, el
cual en alianza con los poderes políticos locales pudo utilizar
mecanismos como las reclasificaciones y recalificaciones de suelo para
añadir unos cuantos ceros a sus ganancias habituales. La conocida y
práctica habitual del «pelotazo urbanístico».
Pero en ese proceso
no se utilizaba sólo dinero ahorrado sino también dinero prestado, así
que durante todos esos años la economía española vio como su
endeudamiento privado se disparaba. Las grandes empresas de la
construcción se regaban con deudas y también los hogares (especialmente
los más ricos) multiplicaban su endeudamiento para comprar varias
viviendas y poder participar en la orgía especulativa. El acceso a la
Unión Europea había supuesto el desmantelamiento del sector industrial y
agrario de España, así que el binomio construcción-inmobiliarias se
convirtió en el motor del crecimiento español y de la creación de
empleo. Cuando la patata caliente estalló y ya nadie quería comprar
viviendas todo se vino abajo. Las constructoras tuvieron que cerrar tras
despedir a miles de trabajadores y sus activos (viviendas, suelo,
préstamos, etc.) pasaron a formar parte de los bancos y cajas que les
habían prestado el dinero.
Pero estos bancos y cajas tenían a su
vez deudas contraídas con los bancos extranjeros, y ahora las viviendas,
suelo y otros activos que recibían ya no valían lo mismo que antes.
Incluso, podría decirse, ya no valían nada. Así que muchos bancos
tuvieron y tienen que ser rescatados. Y los únicos que los pueden
rescatar somos todos nosotros, el dinero público.
El banco malo
sólo persigue cambiar esos activos que no valen nada por algo de dinero
que valga algo. El banco acepta una pérdida (que compensará de otra
forma) al vender una vivienda o suelo por debajo del que la recibió,
pero muy por encima de lo que recibiría si lo quisiera vender ahora
mismo a cualquier sujeto económica. Por esa razón el propietario del
banco malo, el Estado, pierde mucho más. Esto es, perdemos todos. Se
socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Una clarísima
transferencia de dinero desde lo público hasta lo privado.
Hay
alternativas al banco malo, y a falta de una Unión Europea sensata todas
pasan por dejar quebrar a los bancos y nacionalizarlos después. Las
viviendas y otros activos inmobiliarios podrían servir para crear un
«banco bueno» que creara un stock de viviendas de alquiler público
barato. Las estimaciones del censo de 2011 plantean que en nuestro país
hay entre 5 y 6 millones de viviendas vacías, muchas de las cuales son
propiedad de los bancos. De forma paralela es conocida la necesidad de
vivienda por gran parte de la población, especialmente joven. Hablamos
de un problema que tiene solución, pero que requiere enfrentar con la
radicalidad necesaria a los poderes económicos y financieros que nos
gobiernan sin legitimidad alguna.
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