Una postura generalizada en los círculos políticos, mediáticos y
financieros del país es que el sistema público de pensiones se encuentra
ante un gran reto determinado por la transición demográfica. Se
argumenta que la transición demográfica, con un crecimiento muy
acentuado de la población anciana, hace difícil sostener el sistema de
pensiones públicas. Así, este rotativo apuntaba en un reciente
editorial, Pensiones consensuadas (EL PAÍS, 30 de diciembre de
2012), que “el sistema actual de pensiones es insostenible por (…) la
presión de la demografía, que empuja la población hacia edades más
altas”.
Y también en este diario se han publicado varios artículos, que todos
ellos subrayaban que, de no cambiar el sistema de financiación de las
pensiones públicas y/o la extensión de sus beneficios, el gasto público
en pensiones, debido a la transición demográfica, alcanzará unos niveles
en 2050 que serán insostenibles.
Tal preocupación se basa en el supuesto de que, al haber más ancianos
y menos jóvenes, estos últimos no podrán sostener las pensiones de los
primeros. En otras ocasiones, este mismo argumento se presenta de otra
forma que pone el acento en que el número de beneficiarios de las
pensiones será cada vez más grande que el número de cotizantes al
sistema de pensiones, con lo cual se llegará a una situación en que no
habrá suficientes cotizantes para tantos beneficiarios. Tales argumentos
parecen lógicos y razonables y su frecuente repetición en los medios
explica que haya adquirido una gran credibilidad. Por regla general, se
añaden a estos argumentos otros igualmente preocupantes. No solo el
número de beneficiarios ha aumentado y continúa aumentando
considerablemente, sino que el número de años de vida por pensionista
también ha estado aumentando, con lo cual el gasto público en pensiones
se está disparando, prediciéndose unos niveles de gasto público que las
hará insostenibles.
En estos argumentos, sin embargo, no se tienen en cuenta varios
hechos. Uno de ellos, de especial importancia, es el del aumento de la
productividad, es decir, que un trabajador dentro de 40 años producirá
mucho más que un trabajador ahora. Para comprender la importancia de
este hecho, el lector tiene que conocer que hace 40 años el 18% de los
españoles adultos trabajaba en la agricultura. Hoy solo el 2% lo hace, y
este 2% produce mucho más de lo que producía hace 40 años el 18% de la
población que trabajaba en agricultura. Un trabajador agrícola ahora
produce más alimentos de los que antes producían nueve trabajadores, y
ello como consecuencia del enorme crecimiento de la productividad. Se
habría percibido como una observación innecesariamente alarmista si hace
40 años economistas famosos hubieran escrito en rotativos de gran
difusión que, como consecuencia de que los trabajadores estaban
abandonando el campo, habría menos producción de alimentos, con lo cual,
al cabo de 40 años, la gente de España moriría de hambre.
Pues bien, sustituyan alimentos por pensiones y vean el posible error
que significa alarmar a la ciudadanía argumentando que dentro de 40
años no habrá suficientes trabajadores para sostener las pensiones. Los
datos supuestamente alarmantes aparecen cuando se indica que el número
de cotizantes por beneficiario está disminuyendo, reduciéndose (según
varias estimaciones) por ejemplo a la mitad en el año 2050. Ahora bien,
es fácilmente demostrable que esta disminución que se considera tan
preocupante, en realidad no lo es, ya que es más que probable que un
trabajador producirá casi el doble en 2050 que ahora, con lo cual podría
mantener casi al doble de pensionistas. Es más, el porcentaje de la
población activa habrá aumentado, pues hoy es de los más bajos de la
Unión Europea de los 15, ¿dónde está, pues, el problema?
El mismo error aparece cuando se alarma a la población indicando que
en 2007 nos gastamos el 8% del PIB en pensiones y dentro de 40 años nos
gastaremos el 15%, lo cual se asume como que es insostenible en una
sociedad que tiene recursos limitados (por cierto, Italia ya se gasta el
14% del PIB en pensiones públicas y el sistema no se ha colapsado). El
error de todas estas tesis alarmistas es que se asume, de nuevo, que la
productividad apenas variará.
Si la productividad creciera un 1,5% por año, que es el promedio de
crecimiento en los últimos 50 años, el PIB de España en 2060 sería 2,20
veces mayor que en 2007 (en monedas constantes, es decir, que la
capacidad adquisitiva real habrá más que doblado la actual). En otras
palabras, si en 2007 el PIB era, por ejemplo, 100, en 2060 sería 220.
Pues bien, si en pensiones nos gastamos en 2007 un 8% del PIB, es decir,
8 puntos del PIB —dejando para los no pensionistas 92 puntos—, en 2060
nos gastaremos el 15% de 220, es decir, 33 puntos en pensiones, quedando
para los no pensionistas 187 puntos, muchos más que los 92 de 2007. En
realidad, hace 50 años nos gastábamos el 3% del PIB en pensiones, y en
2007 nos gastamos el 8%. Hemos casi triplicado el gasto en pensiones y,
sin embargo, los recursos para los no pensionistas también han
aumentado, pues el tamaño de la tarta es mucho mayor ahora que hace
cinco décadas.
Que no haya problemas graves en las pensiones públicas no quiere
decir que no deban hacerse reformas, pero estas no deberían ir en el
sentido de reducirlas. Una medida aconsejable para aumentar los fondos a
la Seguridad Social y mejorar las pensiones es facilitar la
participación de las mujeres en el mercado de trabajo. En España, el
porcentaje de la población que trabaja es bajo. Y en parte esto se debe a
dos factores. Uno es el bajo porcentaje de la población adulta que
trabaja en el sector público (en 2007 el 10%, uno de los más bajos de la
UE-15, cuyo promedio es del 15%). En contra de lo que se dice, el
sector público (y, muy en particular, en los servicios públicos del
Estado del bienestar, tales como sanidad, escuelas de infancia,
educación y servicios sociales, entre otros) está poco desarrollado y
tiene escaso personal, y ello se traduce en el bajo porcentaje de la
población que trabaja en él. Y el trabajo crea la necesidad de producir
más trabajo.
El otro factor (relacionado con el anterior) es la baja participación
de la mujer en el mercado de trabajo (52%). Si España tuviera el
porcentaje de Suecia, habría 2,8 millones más de trabajadoras pagando
impuestos y cotizaciones sociales. Para ello se debería expandir el
cuarto pilar del Estado del bienestar, de modo que se incluyera el
derecho de acceso a las escuelas de infancia, además de los servicios
domiciliarios a personas dependientes. Y, naturalmente, se debería hacer
al hombre corresponsable de las obligaciones familiares. Y sobre todo,
invertir en infantes y jóvenes, pues ellos son los futuros cotizantes
que financiarán las pensiones del futuro.
Deberían también corregirse las inequidades existentes en la
financiación de las pensiones. Es injusto que uno de los banqueros más
importantes de España pague a la Seguridad Social un porcentaje mucho
menor que un empleado de su banco. Como también es injusto que una
persona trabajadora no cualificada (que vive 10 años menos que una
persona de la decila superior de renta) tenga ahora que trabajar dos
años más para pagarle las pensiones a la persona que le sobrevivirá 10
años. En realidad, el incremento de la esperanza de vida se ha
concentrado en los últimos 40 años en las rentas superiores, habiendo
sido menor en las rentas inferiores. Estos deberían ser los temas que
centraran el debate actual sobre las pensiones: la creación de empleo y
sobre todo, buen empleo, y la corrección de las desigualdades en la
financiación de las pensiones.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
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