Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Uno de los objetivos más importantes del capital financiero (es
decir, de la banca, de los fondos de alto riesgo y de las compañías de
seguros, entre otras instituciones) es privatizar la Seguridad Social y,
muy en particular, las pensiones públicas. Éstas representan los fondos
más importantes en cualquier país, incluyendo en España. Los
trabajadores y empresarios cotizantes pagan sus cuotas a la Seguridad
Social para financiar, entre otros beneficios, las pensiones. Y, como
hay más ingresos al fondo de pensiones que beneficios, se ha ido
acumulando un fondo de reserva considerable (alrededor de 65.000
millones de euros). Es mucho dinero y el capital financiero quiere
meterle mano. Representa una gran golosina. En contra de lo que se
informa a la población en los medios influenciados por el capital
financiero (que son la mayoría), hoy el capital financiero tiene mucho
dinero y va en busca de más. Éste es su próximo gran proyecto: que esta
reserva pase a manos de las instituciones financieras privadas en lugar
de las públicas (esto también ocurre, por cierto, con la sanidad
pública, de la que hoy tal capital financiero desea la privatización
para poder también meterle mano, beneficiándose de ello. La evidencia de
que esto es así es abrumadora).
Uno de los argumentos que utiliza el capital financiero a través de
sus portavoces o grupos de investigación afines, como FEDEA, es que el
crecimiento de las pensiones públicas es una de las mayores causas del
crecimiento del déficit y de la deuda pública. Y de ahí la necesidad de
que se reduzcan tales pensiones públicas. Este argumento se ha repetido
miles de veces en los mayores medios donde la sabiduría convencional se
produce y reproduce. Y de tanto repetirse, la gente normal y corriente,
que adquiere su información a través de tales medios, acaba
creyéndoselo.
Pues bien, tal argumento es una mentira enorme. Y utilizo el término
mentira deliberadamente. Mis lectores saben que no me gusta utilizar
expresiones en mis escritos que puedan interpretarse por mis
adversarios, que son muchos, como insultos. Pero es imposible que los
portavoces del capital financiero no sepan que la Seguridad Social es
una institución autónoma que no se contabiliza en el presupuesto del
Estado. No puede, por lo tanto, contribuir al déficit del Estado. Es
más, donde sí están entrelazadas ambas instituciones es en la compra de
la deuda pública por parte de la Seguridad Social. Los fondos de reserva
de las pensiones públicas son uno de los mayores compradores de deuda
pública del Estado español, tal como ha indicado The Wall Street Journal
en sus series sobre la deuda pública en España. Y lo que es más
preocupante es que el 90% de los fondos de reserva de la Seguridad
Social están invertidos en bonos públicos del Estado.
La Seguridad Social está, pues, resolviendo, en lugar de
dificultando, el llamado problema de la deuda pública española, deuda
pública que, por cierto, ha sido creada artificialmente debido al enorme
poder del mismo capital financiero. Si el Banco Central Europeo (BCE)
(que no es un Banco Central sino un lobby de la banca) hubiera prestado
dinero al Estado español a los mismos intereses que ha prestado a la
banca, hoy España no tendría ningún problema de deuda pública. Ha sido
el capital financiero el que ha creado el problema de la deuda pública a
través de su dominio de las instituciones que gobiernan el euro y muy
en particular el BCE. Y ahora que la deuda pública está en peligro, son,
de nuevo, los fondos públicos de la Seguridad Social los que la salvan.
Esto, que está ocurriendo sin que apenas se conozca, se está haciendo a
un elevadísimo coste: el de que no puedan pagarse las pensiones del
futuro, lo cual no tendrá nada que ver (repito nada que ver) con la
famosa transición demográfica y la supuesta inviabilidad de las
pensiones (debido a que no habrá suficientes jóvenes para pagar las
pensiones de los ancianos), sino con el elevadísimo riesgo de haber
invertido la gran mayoría de los fondos de reserva en la deuda pública
que probablemente el Estado no podrá pagar. En realidad, los
responsables de los fondos de reserva han actuado bajo presiones del
Estado, comprando y comprando deuda pública en dimensiones claramente
excesivas, poniendo al propio sistema de pensiones en peligro.
A aquellos que continúan alarmando a la ciudadanía indicando que las
pensiones no son viables o que la deuda pública está causada por las
pensiones, hay que señalarles que la evidencia científica no apoya ni lo
uno ni lo otro. Es más, la deuda pública podría resolverse fácilmente,
bien imprimiendo euros por el Banco de España y con ello comprar deuda
pública (lo cual es permitido en la normativa del Sistema Europeo de
Bancos Centrales) o estableciendo agencias públicas de crédito que
pudieran pedir prestado dinero al Banco Central Europeo a los mismos
intereses que la banca privada (lo cual es permitido por el artículo
123.1 del Tratado de Lisboa) como bien documenta Juan Torres en su
artículo “Hay alternativas, incluso dentro del euro” en la revista Alternativas Económicas. Que no se consideren estas alternativas, se debe al enorme poder del capital financiero. Así de claro.
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