Juan Torres López
Una reciente investigación del Center for Economic and Policy Research de Estados Unidos (Mark Weisbrot y Helene Jorgensen Macroeconomic Policy Advice and the Article IV Consultations: A European Union Case Study),
vuelve a demostrar que las políticas que viene imponiendo el Fondo
Monetario Internacional a los países europeos se basan en juicios y
análisis erróneos y que resultan muy perjudiciales no solo para la
inmensa mayoría de la población sino también para la economía en su
conjunto, puesto que provocan efectos contrarios a los que dicen
perseguir.
Este tipo de conclusiones no son nuevas pero es muy importante
tenerlas una vez más en cuenta para denunciar continuamente a los
miembros de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y
el propio FMI) como responsables directos de la nueva fase recesiva en
la que han hecho entrar a Europa y, por tanto, de los sufrimientos de
una gran parte de su población.
La investigación señala que hay dos grandes patrones de actuación en
estas políticas. Uno, la reducción del gasto y el tamaño del sector
público, en muchos casos con independencia de que eso sea apropiado,
necesario o de si puede provocar una mayor caída de la actividad. El
otro, disminuir la protección social a amplios sectores de la población y
reducir la participación del trabajo en la renta nacional. El resultado
de ambas cosas es la menor capacidad de los gobiernos para promover la
actividad y el empleo y, por tanto, el incremento de la pobreza, de la
exclusión social y de la desigualdad.
En relación con las propuestas de ese tipo que recomienda el FMI, la
investigación subraya que no hay evidencias empíricas que demuestren su
conveniencia y eficacia y que, en la mayoría de los casos, se hacen sin
tomar en consideración factores que podrían producir otros resultados
distintos a los previstos por los informes del Fondo. Así, indica que
éste suele proponer en todos los países la subida de la edad de
jubilación sin considerar la diferente esperanza de vida en cada uno de
ellos. O que hace previsiones alarmistas sobre la evolución de la
población jubilada para justificar recortes en las pensiones sin tener
en cuenta el incremento en la productividad, que puede permitir (como ha
pasado hasta ahora) que menos empleados puedan sostener a mayor
población inactiva. Y también muestra lo poco razonable que resulta la
constante predilección del FMI por hacer que incremente la oferta de
trabajo con independencia de cuál sea la tasa de desempleo o de
participación de la población en el mercado laboral que haya en cada
país.
El estudio del CEPR subraya que las políticas que el FMI impone a
Europa en materia laboral están abrumadoramente orientadas a reducir los
salarios, bien directamente, bien por la vía de disminuir el poder de
negociación de los trabajadores. Y demuestra que esa estrategia, unida a
la consolidación fiscal por la vía de disminuir el gasto público,
produce una caída de la actividad y del empleo que tiende a ser tanto
mayor cuanto más debilitada esté la demanda, como ahora sucede en la
Europa donde se está llevando cabo. Y este efecto procíclico (que
básicamente consiste en empeorar las cosas cuando estas ya van mal) se
agudiza con el debilitamiento de la protección al desempleo o con el
aumento en la edad de jubilación.
El estudio de las propuestas del FMI en diversos países europeos
(como la experiencia de otros en años anteriores) permite comprobar que
se equivoca continuamente. Para poder justificarlas, recurre a
infravalorar los efectos recesivos que tienen las medidas que propone
ofreciendo perspectivas de crecimiento muy optimistas, pero que, cuando
llega el momento, resultan siempre exageradas y nada acertadas.
En particular, el estudio señala también que es muy significativo que
el FMI realice habitualmente propuestas semejantes en diversos países o
momentos sin considerar las circunstancias concretas de cada uno de
ellos, con un típico planteamiento de pensamiento único, uniforme a
pesar de las obvias diferencias que se dan en cada caso.
Tal y como han demostrado otros informes, este del CEPR subraya que
las autoridades europeas han adoptado estas políticas a sabiendas de que
iban a producir una recaída de la actividad y del desempleo y la
pobreza, pero que lo han hecho pensando que solo manteniendo esa presión
sobre los gobiernos podrían lograr que éstos realizaran las reformas
institucionales que en realidad son las que van buscando:
privatizaciones que pongan en manos de los grandes grupos privados el
patrimonio público, y reformas laborales que aumenten el poder
empresarial, principalmente. Concretamente, señala que el Banco Central
Europeo tenía en su mano haber frenado el daño que los mercados estaban
produciendo a países como España e Italia, pero que se prefirió no
hacerlo para mantener la presión sobre sus gobiernos y así garantizar
que siguieran aplicando reformas privatizadoras y nuevos recortes, y
aunque eso empeorase la situación de sus economías o aumentara su deuda.
Finalmente, la investigación señala que las medidas que promueve el
Fondo en Europa son claramente contradictorias con otros objetivos que
habían propuesto alcanzar las propias autoridades europeas. Así, hace
ver lo difícil que será alcanzar los resultados previstos en
investigación y desarrollo tecnológico o en erradicación de la pobreza e
igualdad para 2020 mientras se sigan desarrollando estrategias fiscales
tan restrictivas como las impuestas hasta ahora.
En definitiva, tenemos una prueba más de que las políticas que se
están aplicando en Europa con la excusa de acabar con la crisis y hacer
frente a la deuda son un fraude gigantesco. El informe de Mark Weisbrot y
Helene Jorgensen vuelve a demostrar que los análisis del Fondo parten
de una visión deformada de la realidad y que sus conclusiones y
propuestas carecen de suficiente soporte empírico. Ratifica lo que ya
puso de evidencia incluso una evaluación independiente de su conducta a
la hora de analizar la llegada de la crisis y sus respuestas (IMF performance in the run-up to the financial and economic crisis: IMF surveillance in 2004–07): los
analistas del Fondo sobrevaloran sus prejuicios y se refuerzan unos a
otros las ideas preconcebidas, no tienen en cuenta lo que contradice sus
puntos de vista y se refugian en un pensamiento de grupo que les impide
ver la realidad cuando esta no es la que desean reflejar en sus
documentos. Son un caso claro de “captura intelectual” (intellectual capture,
dice esta evaluación que acabo de mencionar). Algo que sería impensable
que pudiera suceder una vez detrás de otra si no fuera porque se hace
al servicio de los poderosos, porque todo ese trabajo falseado es lo que
permite justificar como si fueran científicas y favorables para todos
las políticas que solo benefician a la minoría privilegiada de nuestras
sociedades.
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